La empresa Panrico lleva 128 días de huelga indefinida. Eso significa que es la más larga desde 1975, cuando los trabajadores de la metalúrgica Laforsa estuvieron de huelga por 103 días. La plantilla se mantiene unida negándose a aceptar la reestructuración anunciada por la dirección el mes de octubre de 2013. Se proponían 154 despidos así como una rebaja salarial del 18% para los demás.
Esta medida está inserida dentro del ERO que la empresa presentó a todas las plantas de España, aprobada por casi todos los representantes de la UGT y algunos de CCOO. Aunque la fábrica de Santa Perpètua votó en contra, las modificaciones que Rajoy introdujo en la última reforma laboral el 2013, dejaron a los trabajadores sin margen para negociar. Además, hubo división en la plantilla, ya que la minoría más afectada votó en contra y la mayoría votó a favor, para no perder sus lugares de trabajo.
Inicios del conflicto En septiembre de 2013 el fondo de capital riesgo llamado Oaktree, propietario de Panrico, contrató a Carlos Gila con el objetivo de reflotar la empresa. Su primera decisión fue suspender el pago de las nóminas de los empleados y, puesto que el 2012 ya les habían bajado el sueldo, ellos reaccionaron con una huelga.
Poco después Gila optó por presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) argumentando que los “Donuts” se vendían menos por la crisis. Pero lo cierto es que ese no era el verdadero motivo. La asfixia económica de la empresa venía desde el 2005, cuando la familia Costafreda, fundadora de la marca, vendió el negocio al fondo de capital riesgo Apax Partners, que pagó por él 900 millones de euros.
Precisamente Apax es considerado como un fondo “buitre”, que busca más la especulación financiera que la mejora en la producción empresarial. Su especialidad es reestructurar, recortar y/o fusionar la compañía que compran para luego revenderla al mejor postor. Empezaron adquiriendo el negocio de galletas Artiach (perteneciente al grupo Kraft) y lo fusionaron a Panrico. Esta operación les dejó un saldo negativo de 58 millones de euros. Luego hubieron errores de dirección, que enfocó mal la producción y la financiación y generó cada vez más pérdidas.
Fue el 2011 que Apax decidió renegociar la deuda con los acreedores y vender Panrico al otro fondo de capital riesgo Oaktree, propiedad del multimillonario estadounidense Howard S. Marks, quien se sabe que ha acumulado casi 1.400 millones de dólares interviniendo en empresas en situación de fallida.
Boicot a la distribución catalana El comité de huelga denunció luego que Panrico abastecía a los centros catalanes de distribución con productos de otras plantas de España. Este hecho se denunció a la Inspección de Trabajo de la Generalitat, que dio la razón a los trabajadores. Por ello, se impuso una sanción a la empresa por “vulneración del derecho de huelga”. Posteriormente, la patronal fue alquilando otros locales para evitar los bloqueos por huelgas hasta que, finalmente, se trasladó la distribución a la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Barcelona, donde llegan los “Donuts” escondidos en camiones señalizados como si fueran de Campofrío o Pascual. Además, como las otras plantas tenían que producir más por la falta de producción en Santa Perpètua, se incrementaron las horas extras e incluso hubo nuevas contrataciones en ellas.
Declaraciones incendiaras Por si todo este contexto no fuera suficientemente tenso, la dirección de Panrico hizo unas declaraciones al diario Cinco Días donde sostenía que “es difícil hacer planes de futuro para la planta [de Santa Perpètua] con una plantilla tan salvajemente ideologizada, tan violenta, tan irracional; nadie nos puede garantizar que a alguien no se le ocurra sabotear la producción y envenenar nuestros productos”. Los trabajadores aseguraron que tomarían medidas también contra estas declaraciones.
Actualmente los ánimos siguen encendidos y la huelga, así como también la impugnación del acuerdo alcanzado sobre el ERE (154 despidos), continúan por parte de los trabajadores. La novedad es que la Generalitat se ha ofrecido esta vez como mediadora y Panrico ha aceptado. Falta por ver si la plantilla también accede a la intermediación. La propuesta ofrecida por el Gobierno regional incluye que la patronal retire una demanda de 5 millones de euros contra los trabajadores por pérdidas de ventas, condición indispensable. Ahora falta por ver qué posición toman los empleados, que llevan meses sin cobrar resistiéndose a ver cómo la destrucción de trabajo se convierte en una realidad.
Escritor: Raquel Ballesteros