Para estos días, es común ver en las principales portadas de los diarios del país, pacientes que pierden su vida realizando filas interminables en su EPS, bien sea para acceder a una cita o para solicitar un medicamento de acuerdo a la patología que aqueja su humanidad. Pues bien, esto no es más que el inicio de las violaciones más flagrantes a los derechos fundamentales consagrados en la constitución política de 1991, en lo que respecta al derecho a la vida, la dignidad humana y por conexidad la salud de todos los colombianos, que paradójicamente no es derecho fundamental sino por extensión, persé que por vía jurisprudencial la Honorable Corte Constitucional le haya atribuido este calificativo a un derecho que desde hace mucho tiempo debió ser independiente y autónomo.
Resulta inverosímil, que el Estado Colombiano en su afán de “librarse” de sus principales responsabilidades y obligaciones constitucionales, haya cedido algo tan fundamental a los particulares como lo es la atención en salud de sus habitantes, ¿y por qué resulta inverosímil?; porque es una obligación primordial de cualquier estado a nivel mundial velar por la salud de sus coasociados y no entregarles en “concesión” a particulares algo que el mismo estado, con una buena organización administrativa y financiera pueda realizar.
A partir de la ley 100 de 1993, donde la historia en Colombia se partió en dos, veíamos una salud no perfecta, pero sí en unas condiciones diferentes a las de hoy en día. Hoy vemos un POS, EPS, IPS, CRES y demás siglas del sistema propias de los “actores” del sector salud. Para el estado Colombiano en sus inicios, las EPS o empresas promotoras de salud fueron creadas para promocionar la salud y prevenir la enfermedad.
Todo esto como dice el adagio, el mundo está al revés; aquí se aplica la promoción de la enfermedad y la promoción de la pastilla. ¿Por qué menciono estos apartes?, debido a que la salud se ha convertido en un negocio tan lucrativo para los que intervienen en ella, que solo le interesa el punto de vista financiero y no la salud de sus afiliados, desde aquel humilde droguista en aquella farmacia, hasta el Gerente General de una de estas mal llamadas EPS. Es por algo que el Ministro de Salud y de la Protección Social con tanto ahínco se encuentra luchando en el congreso a través de su reforma, para que cambien su razón social al de Gestoras de Riesgo, unas gestoras para promocionar la salud y prevenir la enfermedad, y no manejar recursos financieros, debido que aquí es donde viene la desnaturalización de las mismas, y el olvido del norte como tal de estas empresas.
Resulta que en estos casi veinte y un años de existencia de estas entidades, que comenzaron como las salvadoras de los enfermos en el país, hoy en día son las mayores beneficiadas de sistema ¿y por qué digo esto?, debido que en la actualidad son las empresas a las cuales se les destina mayor rubro de dinero del presupuesto general de la nación; hoy en día con la modalidad del giro directo por parte del Ministerio de Salud y de la Protección social, estas empresas, los cinco primeros días de cada mes, reciben millonarios recursos para el pago de IPS – ESE, proveedores y demás obligaciones en salud, donde el 8% pertenece a los gastos de administración de estas entidades para su operación. ¿Pero como controla el Estado ese 8%, cuando se ha visto que las EPS, tienen grandes propiedades, holdings empresariales, multitudes de IPS, y demás inversiones particulares, del cual el único beneficiado es el Gerente de la EPS con dineros del sector público?.
La salud es un derecho fundamental no cabe duda esto, el ser humano por el simple hecho de su existencia, goza de este mínimo derecho en su humanidad, por tal, la atención de cualquier ciudadano debe ser digna, sin dilaciones, sin esperar meses para la obtención de una cita, o que nos receten ibrupofeno, loratadina, diclofenaco y demás medicinas de uso común, el cual así como el cuerpo puede hacer resistencia a estos medicamentos que por más de veinte años hemos consumido, el colombiano está cansado y se resiste a un modelo de salud ineficiente e impropio, el cual por la vía de una acción de tutela, los jueces en su función de administrar justicia, parece ser que estuviesen administrando salud y medicinas por los médicos tratantes que ordenan las mismas a sus pacientes.
Tenemos derecho a un modelo de salud sin burocracia, ni politiquerías, en la cual sea el estado colombiano el que se apersone del sistema, y que por tanto nos brinden a los ciudadanos, salud con calidad, eficiencia de los profesionales de la medicina en su idoneidad y su trabajo; vemos como hoy en día son más las clínicas privadas que aperturan sus funciones y menos las empresas sociales del estado que operan el modelo de salud, por la misma ineficiencia e ineficacia del estado colombiano para su operación.
Que nos evidencia lo anterior: ¿ineptitud de los funcionarios que administran los modelos de salud públicos? o mejor, un enorme poderío que tienen las EPS, el cual son las dueñas de este baile, quienes deciden cuando y como cancelan sus obligaciones con sus prestadores; del otro lado del salón, tienen a los rezagados hospitales al borde la quiebra, contrario sensu el “apogeo” de clínicas o conocidas IPS de gremios aliados a las EPS.
La tarea no es fácil, por el poderío del cual gozan estas empresas, las cuales financian campañas políticas a congresistas y tienen gran injerencia en la política nacional, pocos han sido capaces de decir la verdad frente a estas empresas, pocos son los funcionarios del estado quienes han puesto el dedo en la llaga, pero tenemos algo por que luchar, por un derecho a la salud de los afiliados, con condiciones dignas por parte de estas entidades. Los recursos están, el modelo se debe replantear con unos ajustes estando seguro que la atención mejorará desde todos los puntos de vista, donde el más beneficiado será el ciudadano de a pie, el cual lo único que reclama es una cita oportuna, medicamentos de buena calidad y una atención digna.
Escritor: ALVARO A. MORALES MERCADO.
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