Democracia y participación ciudadana en lenguaje de derechos

El buen funcionamiento de la política, la economía, las relaciones sociales, culturales y demás factores que hacen parte de la vida en sociedad depende –entre otras cosas–, de la capacidad de los gobiernos para crear y mantener un equilibrio de intereses fundamentado en el respeto de los derechos de individuos y comunidades.

La democracia, indistintamente de los espacios en los que se desarrolle y de los mecanismos desde los cuales se haga efectiva, ha sido concebida históricamente como una forma de organización social a través de la cual se puede garantizar con mayor eficiencia el goce efectivo de los derechos por medio de acciones como la promoción de la participación ciudadana en decisiones y asuntos de la vida pública, la elección popular de los gobernantes, la posibilidad de ejercer desde distintas instituciones un control político hacia el Estado, la libertad de elección que puede ir desde la celebración de contratos civiles hasta la libre elección de religión, orientación sexual, cultura, entre otras.

Desde esta perspectiva se puede interpretar que el buen funcionamiento de los asuntos sociales depende en gran medida de la capacidad del Estado para adoptar y mantener un sistema democrático, entendiendo este como “un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados” .

Ahora bien, para lograr el equilibrio y fortalecer la democracia es necesario que desde el Estado estén dadas una serie de condiciones que permitan esa participación de todos los sectores de la sociedad en el proceso de toma de decisiones; condiciones tales como la igualdad en el acceso y la utilización de recursos de poder (económicos, políticos, sociales, territoriales, entre otros); la promoción de la justicia social en un significado amplio, que más allá de un aumento en los ingresos y la creación de empleos se base en la “igualdad de derechos para todas las personas y la posibilidad para todos los seres humanos, sin discriminación, de beneficiarse del progreso económico y social” ; también lo es la eliminación de todas las formas de exclusión que limiten las libertades de sujetos individuales y colectivos, así como la eliminación de todos los mecanismos de opresión y represión que desconozcan, amenacen o agredan de distintas formas la pluralidad de culturas y grupos sociales que habitan los territorios.

Todas estas condiciones y muchas más son necesarias para, además de combatir las prácticas antidemocráticas, minimizar los daños que resultan de los ejercicios de presión por parte de agentes privados para viciar las decisiones del Estado; daños que tienden a ser mucho mayores que los beneficios obtenidos por grupos selectos mediante estas prácticas de poder . Sin embargo son muy pocos los Estados que habiendo alcanzado un cierto grado de armonía dentro de la política, la economía, las relaciones sociales, culturales y demás, logran mantenerla al largo plazo por diferentes razones.

Históricamente la puesta en marcha de amplios procesos generadores de cambios profundos y desiguales como la conquista, la colonización, la dominación de clase, la propiedad privada y con ésta la desigualdad en las condiciones laborales y salariales, la globalización, la suplantación del Estado Nacional por empresas privadas transnacionales, grupos privados y organismos supranacionales y en general toda la reforma del Estado en el siglo XX, son una muestra de la imposibilidad y la dificultad que ha existido ante el objetivo de lograr un buen funcionamiento en todas las esferas que intervienen en la vida pública y en la consecución del bienestar social, ya que para la mayoría de la población procesos como el de la globalización no pueden satisfacer aspiraciones sencillas y legítimas y provocan desigualdades no solo entre los países sino dentro de ellos, introduciendo así un debate sobre la democracia y la justicia social en el seno de una economía globalizada .

A manera de conclusión podría entonces advertirse que tanto los procesos de cambio que se generan en el sistema internacional, en el Estado y en la sociedad, así como las fallas del mercado político que intervienen y vician la toma de decisiones son razones que impiden el acceso al equilibrio, al consenso y por ende al mantenimiento de la democracia como principal forma de organización social.

La importancia de tener en cuenta los planteamientos anteriormente descritos en los nuevos procesos de investigación y análisis en las ciencias sociales no es mínima. Los debates que se desarrollen desde la academia en torno a temas como la desigualdad social, las limitaciones legales, políticas, económicas y culturales para el goce efectivo de los derechos de individuos y comunidades, así como la cada vez menor participación de todos los sectores en las distintas esferas estatales, deben aportar al cumplimiento de lo que debería ser una de las principales funciones sociales de los entes educativos: contribuir a la discusión pública inteligente y por ende convertirse en un debate relevante para los actuales gobiernos y la forma de hacer política.

Escritor: marcela garcia prieto

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