El día 24 de julio de 2008, la Corte Constitucional colombiana, declaró ajustado el Tratado de libre Comercio a la Constitución Política; sin embargo a escasos doce meses de comenzar a ejecutarse el prenombrado acuerdo, se han generado una serie de impactos perjudiciales que han permeado todos los bloques socio-económicos al interior de nuestro país. Se trata de una realidad latente que ha puesto en jaque a los gremios textiles, paperos, avícolas, cafeteros, arroceros, transportista; entre muchos.
Aquellos propósitos que se pretendían brindar a través del TLC, como establecer criterios de certeza, seguridad jurídica, mayores oportunidades comerciales y mejores ingresos económicos, no se han dado en la proporción prometida y esperada; por el contrario, se han presentado de forma constante condiciones de inestabilidad, injusticia social e inseguridad jurídica, y para citar en concreto, están los competidores colombianos que en su calidad de exportadores y/o empresarios, han tenido que afrontar una suerte de medidas no arancelarias que aumentan sus costes, bien por la inversión para participar en el mercado o bien por los gastos de defensa ante las acusaciones de dumping. Ello, sin contar que aquellos que operan en el mercado local, han tenido que padecer la entrada de competidores que los dejan en clara desventaja, y en el peor de los casos, irremediablemente los elimina como competencia. De manera extraordinaria, Estados Unidos se ha encargado de fomentar estas prácticas, lo que en términos de competencia se denomina posición de dominio, pudiendo derivar en abuso del derecho propio, factor que se hace presumible por la cartelización internacional que se hace evidente cada día, o por la expulsión del mercado de los operadores nacionales que no se han sumado a ellos.
Bajo el esquema general en que se ha proyectado el TLC, el Gobierno Colombiano ha permitido contextos ideales para la manipulación de precios por parte de aquellas empresas cuyo poder les ha permitido operar bajo medios de posición de dominio sobre aquel, poniendo en riesgo la libre concurrencia, y por ende, erosionando ese ámbito de libre participación mercantil, que afecta, inercialmente, a los competidores colombianos debido a su menor respaldo financiero o resistencia al cambio de condiciones tecnológicas que impone un grado mayor de apertura comercial. Este tratado es una herramienta que puso en desequilibrio la economía de un país, que como el nuestro, es dependiente de otras economías boyantes; muestra de ello, es que el suscrito convenio con el objeto de la liberalización comercial, enfocada hacia procesos de desgravación progresiva o inmediata de los aranceles que limitaban el acceso a los mercados, ha transfigurado toda la perspectiva normativa del Derecho a la libre competencia, regulado en el disperso vademécum de leyes Colombianas frente al tema. Es por eso que las regulaciones pertinentes a tal derecho, se deben perfeccionar, integrar y vincular, buscando que las disposiciones de rango constitucional que versen sobre derechos humanos fundamentales, prevalezcan sobre cualquier tratado, convenio o acuerdo. Así mismo, una solución
inmediata es plantear la importancia de conservar un precio común para el mercado y una sustituibilidad de productos, puesto que su relación con la elasticidad de la demanda, esto es, con la capacidad de pago que proviene de la renta, aun existiendo pocos competidores, establece el parámetro adecuado para una competencia practicable y contestable.
No se trata entonces de generar posiciones detractoras, frente a la globalización de los mercados a la que ineludiblemente Colombia se ha visto abocada desde la década de los noventa, pero, deben generasen unas condiciones que equilibren las escalas de los mercados entre Colombia y Estados Unidos. Escenarios mercantiles, en los que se suscite una verdadera interacción comercial o un encuentro espontáneo entre oferta y demanda. Es necesario entonces que el TLC incluya acuerdos sobre estrategias comerciales y compromisos políticos, para que los competidores de las naciones que pactan un acuerdo comercial para facilitar el comercio, obtengan posiciones de privilegio para captar una mayor porción del mercado al cual desean ingresar, o simplemente para repeler la entrada de un competidor foráneo.
Escritor: Karime López Torres