¿PUEDE GARANTIZARSE EL DERECHO A LA VIDA EN UN PAÍS EN CONFLICTO?

 La vida ha sido considerada desde el ámbito jurídico, como un derecho universal, irrenunciable, imprescriptible e inalienable, el cual debe ser examinado no sólo desde la óptica de mantener vivo a quien hace parte de la sociedad, sino también de garantizar las condiciones mínimas para que dicho ser humano la conserve en su integridad y con dignidad.
Colombia, es un Estado Social Derecho que es miembro de diferentes organizaciones internacionales; además ha celebrado gran variedad de tratados en los que se estudia con profundidad la protección del derecho a la vida, entre los diferentes pactos encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, los cuales han sido debidamente ratificados por nuestro país a fin de dar cumplimiento a los mismos.
Aunado a lo anterior, se hace necesario mencionar que el Estado colombiano consagró en el preámbulo de su Constitución Política de 1991 y en su artículo 11 el Derecho a la vida, como un derecho fundamental e inviolable reiterando tal disposición con la expedición de diferentes normas que sancionan la vulneración del mencionado derecho. En consonancia con lo anterior, se vislumbra que no es apropiado para esta Nación promover acciones dirigidas a acabar con la vida de las personas y mucho menos implementar la pena de muerte como castigo para ningún individuo que habite dicho territorio; por el contrario, en el referido país deben implementarse medidas dirigidas a la protección del mismo, sin que por ningún motivo se ponga en peligro tal derecho fundamental.
En relación con lo dicho, es evidente la extensa jurisprudencia proferida por las máximas corporaciones judiciales y órganos de cierre de la justicia colombiana, al igual que los incalculables artículos, debates y polémicas que se han suscitado en torno al debido amparo del plurimencionado derecho, resultando siempre triunfante la salvaguardia de la vida sobre cualquier aspecto, lo que resulta apenas lógico, pues para el ser humano es indispensable preservar su existencia a fin de ser destinatario del gran abanico de garantías que le ofrece un Estado Social de Derecho.
De otro lado, la amplia literatura y jurisprudencia, en especial la constitucional, nos hace pensar en un país garante, cuidadoso de la vida y por ende guardián del ser humano, no obstante, al observar detenidamente la problemática que afronta Colombia es inevitable cuestionarse si en un país en el que se vive con la presencia de grupos delincuenciales, un conflicto armado y otros aspectos que día a día amenazan tan preciado bien, se puede garantizar debidamente dicho
derecho?, lo anterior sin tener en cuenta, que en múltiples ocasiones los mayores implicados en la vulneración de la vida son los mismos encargados de salvaguardarla.
Además de lo expuesto, surgen innumerables interrogantes en cuanto a cuales pueden ser los mecanismos efectivos que debe adelantar el aparato estatal a fin de dar cumplimiento a los postulados constitucionales, pues es bastante cuestionable el hecho de proteger la vida de un individuo que asesina a un ser humano sin ningún reparo, ¿acaso el gobierno no pone en peligro la vida de los demás habitantes del país al conservar intacto a quien se considera potencialmente peligroso para la sociedad? o ¿Se podría considerar la exclusión de la pena de muerte como un beneficio de los criminales para quienes tampoco se regula la cadena perpetua?.
Analizado lo anterior, es evidente que en Colombia no se protege la vida tal y como lo reza la Constitución ni tampoco se cuenta con mecanismos eficaces para garantizar el mismo, pues se presenta una clara contradicción entre los postulados expuestos por las normas constitucionales y la realidad del país, toda vez que en la actualidad no se goza de un sistema jurídico firme que permita castigar la vulneración del citado derecho. De igual forma, es importante reconocer que se deben crear leyes más severas que permitan combatir los grupos al margen de la ley, el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia, aplicando castigos ejemplarizantes, condenas que hagan sentir la coerción efectiva del Estado, de tal manera que los miembros de la sociedad ni siquiera contemplen la posibilidad de vulnerar la vida de sus compatriotas.
Finalmente, se hace necesario un compromiso serio por parte del gobierno colombiano el cual debe tomar las medidas tendientes a prevenir los casos de desaparición forzada, magnicidios, homicidios, masacres, torturas y todos los delitos que en la actualidad se encuentran impunes. De igual forma, se hace indispensable que tomen conciencia que el derecho a la vida se ve vulnerado cuando muchas personas tienen que vivir en condiciones de inseguridad, con un sistema de salud deficiente y en algunos casos en miseria absoluta, lo que se constituye en razones más que suficientes para que el gobierno muestre su real preocupación por quienes hacen parte del país y se exponen diariamente a sus arbitrariedades e injusticas pagando muchas veces con su vida.

Escritor:  KAREN PAUL INA RESTREPO CASTRILLÓN

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