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La labor del docente ha de retomarse en nuestra sociedad, la máxima académica del «Saber para servir», necesariamente implica que el estudiante, adquiere una responsabilidad social en la que está inmerso el deber de colaborar con la comunidad. Siento con mi vocación académica la necesidad de promover una formación humanista, ética e integral con mis estudiantes, tal como lo he desarrollado en los once años que he dedicado a la docencia, mediante la calidad educativa y una utilización apropiada de los medios logísticos tecnológicos y académicos, para el compromiso con las constituciones, el país y sus habitantes, buscando asegurar que la docencia de las cátedras que manejo y la investigación estén al servicio de la comunidad y el compromiso social dando clara prioridad a la solidaridad, frente al protagonismo y necesidades del mercado. En la enseñanza y aplicación del derecho y la responsabilidad en salud pretendo formar personas capaces de brindar asesorías a gobiernos, Instituciones Prestadoras de Servicios del Estado y privadas, organismos internacionales, entidades especializadas, mediante acciones de investigación, educación, formación, asistencia técnica, producción de materiales especializados y evaluación de proyectos sociales.

Sus áreas de acción son: derechos humanos, derecho medico y seguridad social, derecho constitucional, reforma y modernización del Estado, democracia y ciudadanía, desarrollo social, sanitario y ambiental. Al confirmar mi vocación docente, parto de las premisas: a) Que la educación conduce a la creatividad individual y mejora la participación en la vida social, económica, cultural y política de la sociedad.

La educación del derecho debe de orientarse al desarrollo denuevos proyectos en materia de discusión, análisis, estudio, sistematización y divulgación de los mismos, permitiendo la interacción e intercambio con organizaciones de la sociedad civil, centros académicos y demás instituciones que trabajan en áreas vinculadas a estos derechos. b) Que el derecho como objeto de estudio constituye un área fundamental del trabajo en el ámbito de la educación superior, siendo esencial su fomento y enriquecimiento a los efectos de un mejor logro de resultados académicos y profesionales futuros. En nuestro país, las iniciativas que se proponen incorporar una perspectiva transversal del derecho en la educación superior son de creación muy reciente, y están enmarcadas en una serie de obstáculos. En ese sentido, el principal es la manera parcial en que universidades y facultades visualizan la temática, adjudicándole un espacio específico, el del derecho incorporado a todas las profesiones y especialidades.

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Por otro lado, el mismo derecho y su aplicación deben ser parte de la ética universitaria, de la vida estudiantil, docente y administrativa. No se podrá hablar de una efectiva incorporación  los derecho en la educación superior mientras éstos nos sean la base de las relaciones que se dan en el ámbito académico. El derecho en general como base de formación desarrolla líneas de acción para la superación de esos obstáculos. El Derecho ha de tener como programa de formación académica un carácter público y democrático desarrollando el presupuesto de acceso a la educación de acuerdo con la pertinencia social, dando relevancia a la formación jurídica de los estudiantes en las diferentes disciplinas, buscando la formación integral con proyección y liderazgo de acuerdo con la aspiración profesional del estudiante. Es preciso enfocar la formación y el discurso del docente en la necesidad de que transformar la realidad social amplía el horizonte y la proyección profesional para el estudiante, que debe propender por la modernización de la estructura jurídica a nivel local, regional y nacional con fundamento en la cultura política , humanística, desde la pedagogía y la investigación formando profesionales competentes, solidarios, innovadores, críticos y con responsabilidad social.

Para el conocimiento y formación de derecho las condiciones sociales, políticas y jurídicas, influenciadas por la existencia de caracteres diametralmente opuestos en los diferentes modelos de regulación estatal, exigen profesionales capaces de identificar las situaciones que conlleva a la falla del sistema legal y, basado en el conocimiento adquirido en su trasegar académico, le permite plantear diversas alternativas encaminadas a la implantación de un sistema coherente y armónico que permita fácilmente la solución efectiva a dichos problemas y de ésta forma contribuir al desarrollo de un orden justo, al mejoramiento de condiciones de vida más acéquiales de la sociedad, todo desde la perspectiva imperante en nuestra época cual es, el proceso de globalización.

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Escritor: Andrés Felipe Ceballos Alvarez