¡EL PODER AQUÍ SON LAS ARMAS!, Violencia y poder en Colombia

¡EL PODER  AQUÍ SON LAS ARMAS!

Violencia y poder en Colombia

Por: Javier Andrés Villamil Roa

En este texto pretendo hacer un breve análisis de la forma como en Colombia el ejercicio del poder y la gobernabilidad se han construido a base de acciones violentas, en donde el adversario representa un enemigo absoluto que merece ser exterminado y donde la incapacidad Estatal para gobernar e impartir justicia ha permitido el surgimiento de estructuras de poder privadas y locales que rivalizan con el Estado colombiano, este fenómeno podría rastrearse siglos atrás en la historia colombiana sin embargo en razón del amplio margen cronológico, me referiré al periodo desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, como apoyo teórico fundamentalmente retomo el trabajo “Orden y violencia” de Daniel Pecaut y la distinción amigo/enemigo hecha por Carl Schmitt sobre lo político.

Nuestro país como muchos otros de América, ha tenido que pasar por un largo recorrido  de conflictos armados en su búsqueda por consolidar un Estado-Nación y lograr una democracia formal. Sin embargo, a diferencia de otros países del continente, en Colombia no se ha cerrado el capítulo de violencia generalizada que aparece como un continuum de nuestra sociedad y con características que la presentan única respecto a otras, como si se tratara de una “violencia endémica”. Por supuesto que en Colombia hay mucho más que actos violentos y heridas sin cerrar, pero es innegable que la “presencia histórica de la guerra tiene vínculos determinantes con la construcción de nuestro imaginario de nación”[2]. A pesar de la tradición democrática adjudicada al país y que puede señalarse con la sentencia: “colombianos, las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad” atribuida a Francisco de Paula Santander, la cual se eleva en las puertas del moderno palacio de justicia, como único testigo y pieza original de los hechos acaecidos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el centro de Bogotá conocidos como la “toma al palacio” y posteriormente la “Retoma”,  actos que ilustran cómo en nuestro país las armas pasan por encima de los ideales y las instituciones democráticas, mientras las leyes se acatan pero no se cumplen.

En Colombia el poder como ejercicio de la violencia se ha estimulado por constantes históricas de la sociedad, como son: la permanencia del caciquismo, el gamonalismo y el clientelismo; la gran corrupción en todos los niveles; el contrabando, y finalmente, la existencia de formas de economía ilegal[3], todo esto sumado a un Estado autista, “pulpo casi siempre sin cabeza”[4] que funciona en una lógica privada a favor de las elites tradicionales.

En nuestro país, por lo menos desde los años 1940 lo político como ejercicio de poder -no necesariamente institucionalizado- se descifra como violencia, creando un orden social regional caracterizado por actores armados privados que sustituyen la escasa presencia estatal. La guerra colombiana se entiende como una empresa que constituye la especificidad de lo político, en donde además los diversos actores se asimilan entre sí en una oposición exagerada de “amigo/enemigo” según la teoría Schmittiana, en efecto así lo han entendido diversas agrupaciones políticas del país, las cuales “imbuidas de comportamientos e ideologías intolerantes, incapaz (ces) de ver en el adversario otra cosa que un enemigo absoluto que debe der abatido”[5] mantienen a la sociedad en permanente estado de guerra, pues en Colombia la política se vive como una guerra y a través de la guerra se hace política, “de hecho, como lo había precisado Max Weber, lo que confiere carácter político a una asociación es el medio –eventualmente elevado a fin- de la coacción física. Una asociación de  dominación solo debe llamarse política  en virtud de la garantía continua de amenaza y aplicación de la fuerza física dentro de un ámbito geográfico determinado”[6].

En los años conocidos como La Violencia, el país presenció el resultado de una herencia de injusticia y persecución principalmente en las zonas rurales de la cordillera; la obsesiva acumulación de tierras en pocas manos; la persecución a los “enemigos” de otro color político; la violencia revolucionaria contra la violencia reaccionaria, así, el poder sólo se pudo mantener por la fuerza de las armas, desde la llegada de Laureano Gómez a la presidencia hasta hace unos pocos años, el estado de excepción o estado de sitio se implantó regional y nacionalmente en reiteradas ocasiones reprimiendo cada vez más las peticiones sociales, como fue el caso del polémico estatuto de seguridad  de Turbay el cual “creó nuevas infracciones punibles, aumentó las penas, otorgó más atribuciones judiciales a las fuerzas armadas y  a las autoridades locales, permitió la retención de ciudadanos con aprobación del consejo de ministros y anunció el control del tráfico de estupefacientes”[7]. La situación es repetitiva tal como lo es el conflicto armado actual, hemos vivido en un “estado de excepción que a todas luces había dejado de ser excepcional”[8]

En este contexto es notable cómo el poder se ha ejercido desde una concepción punitiva, donde el derecho de guerra está sobre el derecho de gentes, así, “se ha dado un tratamiento meramente delincuencial a los movimientos guerrilleros y un tratamiento militar a las organizaciones y movimientos con reivindicaciones sociales”[9]. Así mismo, la incapacidad histórica estatal para gobernar e impartir justicia a lo largo del territorio ha permitido que estructuras privadas regionales suplanten su deber y compitan directamente contra el Estado, el cual no ha tenido siquiera la capacidad de mantener el monopolio de las armas o el ejercicio de la violencia legítima, fomentando un ambiente de guerra que con el pasar de los años ha constituido el orden social del país; a través de la violencia política algunos grupos sociales han sustituido al Estado en el uso de la fuerza para manejar directamente la “cuestión social”; durante los años 1950´s “La Violencia había contribuido en efecto, de manera decisiva, a perpetuar un modelo de dominación que, en 1947, parecía haber llegado a su fin: había garantizado a los organismos privados de las clases dominantes el mantenimiento de su posición central; había ratificado a los partidos tradicionales en su función de sometimiento; había desorganizado por un largo periodo a las masas populares”[10], de igual forma, en las últimas décadas observamos que las guerrillas, el paramilitarismo y otras mafias, generan un orden económico, político y social a escala regional, en donde fungen de organismos de seguridad, impartiendo justicia y hasta moralizando a la población en un lógica de fortalecimiento de sus propios intereses como grupos armados, mafiosos y gobernantes locales.

Finalmente y entendiendo que en Colombia lo político se identifica como violencia, es importante reflexionar sobre la salida que actualmente se le quiere dar al conflicto armado, de nuevo a través del dialogo con la insurgencia después de que el gobierno guerrerista de Uribe Vélez se dedicó a implantar un discurso de posconflicto “que estuvo en sintonía con el lenguaje internacional de proscripción y ocultamiento de la guerra y con la criminalización del enemigo”[11] incentivando el uso de la fuerza como solución de la guerra. Es necesario reconocer que “el conflicto colombiano es actualmente más económico, más criminal y más político. En otros términos, hay criminalización de la política y de la guerra y politización del crimen”[12], esta situación caracteriza el actual orden social colombiano, en donde coexiste una democracia no asediada, sino más bien cómplice de la guerra social, económica y política que vive el país hace décadas.

¿Por qué, al fin de cuentas ocurren las guerras?” se pregunta Charles Tilly, a lo que responde  que hay un hecho central y trágico relativamente simple: “la coerción funciona. Aquellos que usan una fuerza sustancial sobre los suyos –aclara- obtienen de ellos obediencia y de esa obediencia derivan ventajas en términos de dinero, bienes, deferencia y acceso a los placeres que son negados a la gente menos poderosa”[13], siendo así, para que se dé una salida negociada al conflicto es imperioso cambiar la estructura  del orden social colombiano, aquellas constantes históricas de las que hablan Darío Betancur y Martha García, incluso implicaría cambiar el ethos social del país el cual por décadas ha sido la violencia y el pillaje, mientras tanto y a mi pesar, coincido con Jorge Eliecer Gaitán al decir en 1948 que “es necesario, pues, reconocer con tristeza que la vida sólo es posible aquí, a la sombra de las espadas”.[14]

BIBLIOGRAFIA

Archila, Mauricio. Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Bogotá, ICANH, CINEP, 2003.

AAVV. Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, norma, Universidad Nacional de Colombia, 2006.

Betancur, Darío y García, Martha. Contrabandistas, marimberos y mafiosos. Bogotá, Tercer mundo, 1994.

Pecaut, Daniel. Orden y Violencia. Bogotá, Norma, 2001.

Pizarro, Eduardo .Las FARC. De la autodefensa campesina a la combinación de todas las formas de lucha, Bogotá, Tercer mundo, 1991.

Sánchez, Gonzalo. Guerras, memorias e historia. Bogotá: ICANH, 2003.

Uribe, Mauricio. Lo político en la guerra civil colombiana, Análisis político # 72, Bogotá, mayo–agosto, 2011.