El sindicalismo de la Dictadura a la Transición

Del 1939 al 1951 el hambre y la represión se convierten en una realidad cotidiana en el Estado Español. A la vez que el movimiento obrero , gravemente herido tanto por la marcha de cuadros en el exilio como por la persecución política que lo lleva a la clandestinidad , pierde cualquier capacidad de incidencia real en el mundo del trabajo , el fuerte intervencionismo estatal en materia económica asegura unos enormes márgenes de beneficio a los sectores sociales más acomodadas . De esta forma, mientras los sueldos quedan congelados, tanto la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) como la Unión General de Trabajadores (UGT) pierden el contacto con la realidad del país.

El movimiento obrero, después de la larga noche de la posguerra, encontrará su punto de inflexión hacia la mitad del siglo. A primeros de marzo de 1951, la huelga de los tranvías en Barcelona significa el paso de una lucha antifranquista impulsada por las fuerzas procedentes de la II República con una motivación de carácter político, a una confluencia activista protagonizada por una nueva clase obrera que aspira a objetivos más asequibles ligados a aspectos laborales. En 1951 también es el año de finalización del período autárquico y, consecuentemente, del inicio de una liberalización económica que vendrá avalada por las recetas financieras del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa (OCDE). España se incorpora a estos organismos en 1958.

La adopción de medidas liberalizadoras en el terreno de la economía trajo de rebote una cierta liberalización de las relaciones laborales. Un ejemplo significativo lo encontramos con la Ley de Convenios Colectivos de 1958, la cual permitió a los trabajadores ampliar de forma significativa las posibilidades de incidir en sus condiciones laborales. Prueba de ello será que a partir de aquí la confluencia laboral irá en aumento , fin el punto de que a principios de los 60 despuntan con fuerza nuevas organizaciones de trabajadores , como Comisiones Obreras ( CCOO) y la Unión Sindical Obrera ( USO) ; que destacan , a diferencia de los tradicionales y clandestinos sindicatos procedentes de la etapa republicana ( CNT y UGT principalmente ) , por el hecho de enfocar su actuación sindical y reivindicativa partiendo de los marcos legales establecidos por la legislación laboral franquista . Es decir, participan de las estructuras del sindicato vertical para poder llegar en mejores condiciones a establecer contacto con los trabajadores, conjugando legalidad y clandestinidad en su lucha por la mejora de las condiciones de vida de los asalariados.
Estas nuevas organizaciones de trabajadores se estructuran de forma flexible, poniendo en juego un amplio abanico organizativo que irá desde asambleas y comisiones a la ocupación masiva de las responsabilidades de enlaces y jurados dentro la CNS (Central Nacional Sindicalista), consiguiendo de esta forma responder satisfactoriamente a las nuevas demandas de una nueva clase obrera. Una nueva clase obrera, que como hemos dicho con anterioridad, no se movilizará en un principio por cuestiones de orden político. Su talante más pragmático, realista y centrado en la consecución de mejoras en las condiciones de trabajo, dista considerablemente de las viejas aspiraciones revolucionarias de importantes sectores de la clase obrera de los años treinta, de la misma forma que las condiciones políticas y socioeconómicas de ambos períodos poco o nada tienen en común.

El peso de los sectores cristianos más alejados del régimen también se hizo notar dentro del nuevo movimiento obrero. A partir del modelo belga, en 1946 se crearon la Juventud Obrera Católica (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), ambos movimientos religiosos encaminados al trabajo social dentro de las clases populares. Aprovechando su carácter legal (gozaban de la cobertura institucional de la Iglesia católica) sectores del antifranquismo acabaron integrándose en estos movimientos. Paralelamente a esta dinámica, muchos militantes católicos también dieron un paso más en su compromiso con el mundo del trabajo, ya sea participando desde el comienzo a las Comisiones Obreras, fundando un sindicato específico como era la USO, o dinamizando todo tipo de huelgas y conflictos.
Con la ley sindical de febrero de 1971, los trabajadores pudieron ampliar su cuota de representación, al tiempo que marcaban distancias con los sectores empresariales dentro del sindicato vertical. La nueva legislación en materia laboral , aprovechando por los militantes de CCOO , USO y SOC ( Solidaridad de Obreros de Cataluña ) para ocupar tanto los cargos de vocales de jurados en las empresas como los cargos en las juntas sindicales , así como la responsabilidad de presidentes de UTT ( Unión de Trabajadores y Técnicos ) locales o comarcales; tendrá como consecuencia la aparición de nuevas e importantes grietas al viejo edificio de la OSE ( Organización Sindical Española, antigua CNS ) . Este hecho facilitar la movilización obrera, a la vez que permitía la elaboración de nuevos programas reivindicativos.
En 1975 asistimos, además de a la muerte del dictador, al colapso sindical del régimen con las elecciones dentro de la OSE, donde las candidaturas unitarias y democráticas de CCOO (en algunos casos en colaboración con USO) ganan a las empresas y los sectores productivos más significativos cautivos. La dictadura vive una profunda crisis que pone de manifiesto las enormes dificultades para el mantenimiento del régimen dictatorial, pero el movimiento democrático (partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos, plataformas unitarias…), aunque ampliar el alcance y el eco de sus protestas, aunque no tiene suficiente fuerza como para asegurar la implantación de la democracia.
El mundo del trabajo estaba en pie de guerra contra la inflación. El Estado Español había experimentado un enorme crecimiento de la confluencia en los últimos años. En 1973, por ejemplo, el número de conflictos se multiplicó por tres y las horas perdidas por cinco en comparación al año 1968. Esta estadística aún resulta más impactante si la concretamos en zonas fuertemente industrializadas como Barcelona, donde respecto al mismo 1968 los conflictos se multiplicaron por cuatro y las horas perdidas por 29. El nivel de confluencia iría en aumento hasta llegar el año 1976, donde nos encontramos con el punto más álgido de este período.
El origen de la confluencia era laboral (salarios), pero la represión patronal y policial los años 70 originaban una fuerte solidaridad que ampliaba el alcance de los conflictos. Esto va ligado a una politización de la clase trabajadora, o en palabras de Carmen Molinero » la visualización incesante de la política franquista de negación de derechos y libertades y de represión de las reivindicaciones laborales dio lugar a un proceso de socialización antifranquista » / 11. La dinámica de acción- represión en un contexto de negación de los derechos políticos y sindicales más básicos, generaba la radicalización de amplios sectores de la clase trabajadora que se concretaba en huelgas de carácter político, motivadas por acontecimientos como el consejo de guerra de Burgos (1970), el proceso 1001 contra la dirección de CCOO (1973) o las ejecuciones de septiembre de 1975.
Así las demandas socio- políticas (libertad sindical, amnistía…), aunque desde una posición subalterna respecto a las demandas laborales, se fueron introduciendo en las plataformas movilizadoras.
Ante la situación de creciente inestabilidad política y social, los iniciales proyectos reformistas del régimen en los años 70 pretendían mantener, con la introducción de pequeños cambios formales, las estructuras básicas de la Dictadura. En el fracaso de las primeras tentativas reformistas tuvieron mucho peso las movilizaciones de los primeros meses de 1976. El » plebiscito de la calle » obligó al gobierno a presentar un nuevo proyecto, que sin implicar un ruptura (el proceso fue conducido por los herederos directos del régimen), suponía la liquidación de la dictadura. La « Presión desde abajo » (en palabras de J. M. Maravall) no fue suficiente para imponer la ruptura, pero sí para evitar la continuidad del régimen.
Los sindicatos lograron su legalización el 22 de abril de 1977 y el OSE se disolver el 2 de junio de 1977. El retraso en la legalización de las centrales sindicales (en comparación con muchos partidos políticos) viene determinado tanto por las propias características de la reforma de Suárez como por la subordinación de las direcciones de las organizaciones sindicales a las direcciones de los partidos políticos, dando como resultado el hecho de que la reforma sindical quedara subordinada a la reforma política. Tanto el nuevo marco de relaciones laborales, como el modelo sindical fruto de la transición, generar un nuevo tipo de sindicalismo. La reivindicación, la asamblea y los valores típicos de la lucha obrera (tan característicos de los últimos años de la Dictadura) dieron paso a la negociación y las formas de hacer de una nueva burocracia sindical.

Nacionalismo y mundo sindical en Cataluña
José Manuel Rúa Fernández

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