GOBIERNO DICE BUSCAR RESOCIALIZACIÓN DE LOS CONDENADOS CON EL NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO.

La nueva ley 1709 del 20 de enero de 2014, buscaría beneficiar aproximadamente a 9.000 personas que hoy en día están privadas de la libertad en establecimientos carcelarios intramurales. De acuerdo a declaraciones del ministro de justicia Alfonso Gomes Méndez, cerca del 35% de la población reclusa están en situación de detención preventiva, es decir, aquellas personas que no están condenadas pero están privadas de la libertad. El hacinamiento que se presenta en las cárceles de nuestro país ya alcanza proporciones alarmantes pues las cifras hablan por sí solas: de los 138 establecimientos penitenciarios existentes hay una ocupación de 119.300 reclusos, lo que arroja como resultado un hacinamiento de aproximadamente el 56.6%, cifras emitidas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC a finales del año 2013.

De acuerdo a lo anterior, las personas que cumplan con las exigencias legales podrían disfrutar de beneficios como los de la prisión domiciliaria o en su defecto libertad condicional. Cada caso tendría su análisis jurídico para verificar el lleno de requisitos, para que de esta manera se pueda presentar la solicitud del beneficio ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, quien es la autoridad competente para tomar dicha decisión, y el INPEC es la autoridad administrativa encargada de ejecutar la decisión que tome el togado.

La ley 1709 de 2014 señala que los requisitos para poder obtener los beneficios, como por ejemplo la prisión domiciliaria, lo podrán obtener las personas que hayan sido condenadas a una pena menor de 8 años de prisión, y que además de esto no deben tener antecedente alguno, se debe demostrar arraigo familiar y social, se deben de reparar los daños ocasionados por la comisión del delito, entre otros. ”

Ante las críticas de algunos opositores hacia el nuevo código, alegando que dicho sistema está diseñado para que se presente el fenómeno jurídico de la impunidad, se pronunció también el General Rodolfo Palomino, exponiendo que “Hay que entender que el beneficio de casa por cárcel es una forma de mantener a la persona privada de la libertad, así sea en su propia residencia. No se puede interpretar que sea una venta o puerta de impunidad. Lo que haremos será cooperar con el INPEC para que ese beneficio de detención domiciliara se cumpla”.

Pero no sólo es el tema de la impunidad el que preocupa a los diferentes estamentos de la sociedad. Otra de las preocupaciones que le surge al ciudadano es el incremento de la inseguridad y por supuesto que se de paso a una ola de violencia. Ante esta incógnita las autoridades han emitido, en cierto sentido, dos partes de tranquilidad: primero porque este nuevo código va dirigido hacia personas que hayan sido condenadas por haber cometido delitos menores, y segundo la policía nacional ha dicho que la fuerza pública está totalmente capacitada y preparada para afrontar el reto que se viene con la reforma.

De igual manera surge una pregunta obligada, ¿Qué es lo que se quiere con este nuevo código penitenciario y carcelario? Según las intervenciones que han realizado el ministro de defensa y su viceministro Miguel Samper, el nuevo código penitenciario no tiene otro fin que el de resocializar a la persona que está condenada por la comisión de un delito de menor envergadura.
Es resaltable que los temas de interés más novedosos que nos trae la presente ley, son aquellos como el servicio social que los internos podrán realizar en obras de ingenieros militares, para buscar una rebaja en la condena.

También está el tema de los médicos que podrán realizar su año rural en las cárceles del país, al igual que los estudiantes del consultorio jurídico de las facultades de derecho. Asegura el ministro que también habrá cárceles para mujeres lactantes, se va a mejorar el sistema de salud y se controlará en conjunto con las compañías celulares, el uso de estos dispositivos dentro de las instituciones carcelarias para evitar la comisión de diferentes delitos. Por último, el ministerio de justicia asegura que se está trabajando de la mano con el ministerio de hacienda, porque el dinero ya está disponible para dar cabal cumplimiento al nuevo código.

Escritor: Carlos Andrés Zapata

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