Podría decirse que uno de los cambios más drásticos que ha sufrido el país en los últimos años fue el cambio de la centenaria Constitución de 1886 a la nueva Carta Política adoptada en 1991. Para muchos este era el paso obligado que debía dar la Nación, asolada en ese tiempo por la violencia, el narcotráfico, y otros problemas enconados en lo más hondo de la sociedad. Una de estas dificultades era el precario sistema de seguridad social con el que contaba el país. La anterior Constitución sólo contaba con una disposición relativa al tema que contemplaba el único escenario en que el Estado debía asistencia a quienes no tuvieran medios de subsistencia ni posibilidad de trabajar. Era este uno de los puntos neurálgicos que debía abordar la nueva Carta Política. Y así lo hizo: en su articulado cuenta con alrededor de 10 disposiciones que definen las obligaciones estatales al respecto de la seguridad social.
Inclusive, haciendo un análisis un poco más profundo, puede concluirse que el derecho a la seguridad social se elevó a rango fundamental, lo cual reviste el nuevo derecho con un carácter tal que permite su protección por medio de la tutela, el mecanismo más expedito con el que se cuenta hoy en día al momento de hacer valer los derechos ciudadanos. Además, dos años después de promulgada la Constitución de 1991, se expide la Ley 100 de 1993, que crea los tres conocidos subsistemas del SSSI: Pensiones, Salud y Riesgos Profesionales. Parecía entonces que el Estado ahora sí contaba con las herramientas suficientes para contrarrestar el creciente problema nacional asociado con la seguridad social.
No obstante lo anterior, el constituyente y el legislador olvidaron un punto importante: la Constitución y las leyes se quedan en el papel cuando no existe la voluntad política para cumplirlas cabalmente. Y sí que ha faltado mucha de esta voluntad política en materia de seguridad social. Cada vez que hay un cambio de administración pareciera que cambiara el viento que mueve la veleta que es el SSSI: reformas pensionales, cambios al Plan Obligatorio de Salud, aumento de la edad de jubilación, entre otras. Aun cuando, como se dijo anteriormente, el derecho a la seguridad social se ha revestido de carácter fundamental, políticos y demás actores que fungen como protagonistas dentro del aporreado sistema hacen con este lo les venga en gana, poniendo en entredicho uno de los bienes más preciados de los colombianos (sino el más): la salud. No es en vano que las personas del común concuerden en decir que por más mal que vaya la situación, por lo menos se tiene salud.
No se puede ser malagradecido y por tanto es necesario reconocerle valor a la ley 100 y a la Carta, que consagra sus fundamentos constitucionales. Si el Sistema de Seguridad Social Integral actual es un desastre, las proporciones de lo que era el anterior régimen de la Constitución de 1886 debieron alcanzar magnitudes catastróficas. Sin embargo, si se sigue así el camino para alcanzar una cobertura universal, eficiente, y equitativa en salud, pensiones y riesgos profesionales aún es tortuoso. Se requiere de un alto compromiso político para que todos aquellos cobijados por el sistema de seguridad social puedan sentirse, de una vez por todas, seguros.
En primer lugar se requiere un cambio drástico a la forma como está pensado el sistema. Es necesario eliminar los intermediarios, en este caso las EPS, o reformarlos radicalmente, reduciendo sus funciones y el poder desbordado que han alcanzado. Como servicio público la salud debe estar en cabeza del Estado y es éste quien debe velar por su cabal prestación. En segundo lugar, se debe pensar en un plan obligatorio de salud más amplio que cobije más contingencias. Si lo anterior se lograra redundaría demás en una descongestión del sistema judicial, dado que la mayoría de las peticiones que son negadas por las EPS se resuelven en las instancias judiciales. Por último, y a modo de anotación final, se necesita además plantear la posibilidad de tener un sistema de salud totalmente gratuito y totalmente equitativo, donde se atienda a toda la población sin distinciones y que permita finalmente abrir las puertas hacia una sociedad más justa y más desarrollada.
Escritor: Maria Clara Estrada Galeano