En la última medición del Indicador Global de Impunidad (IGI), realizado en marzo de 2015 por la Universidad de las Américas Puebla, Colombia ocupa un preocupante tercer lugar después de Filipinas y México; adicionalmente fue calificado en esta misma posición en el top de los países más violentos, según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2014. Lo anterior deja entrever una problemática grave en la eficiencia de la justicia, en el sentido de no contar con políticas de seguridad que en una alta proporción cumplan tres principios importantes: los individuos que cometan delitos son atrapados, los criminales atrapados se les aplica las sanciones legisladas y dichas sanciones son óptimas puesto que no hay crimen rentable.
Hace ya 47 años que el premio nobel de economía Gary Becker formalizó el análisis del comportamiento criminal, en el que detrás del delito hay pretensiones de carácter económico, por tanto el delincuente hace un cálculo racional y bajo el criterio de rentabilidad decide si cometer o no la infracción; dicho cálculo lo soporta en dos variables cuantificables: la probabilidad de captura y las sanciones aplicadas una vez capturado. Muchos trabajos posteriores relacionados validan empírica y teóricamente estos planteamientos; el economista Arlen Guarín mediante un modelo econométrico, muestra como una alta proporción de los criminales menores de edad, que reinciden permanentemente, dejan de hacerlo cuando cumplen su mayoría de edad, puesto que la severidad de castigo cambia y por tanto los costos esperados del crimen son más elevados.
Este tipo de investigaciones deben ser integradas al aparato legislativo, ejecutivo y judicial, para que el análisis tenga mayor formalidad, gane seriedad y efectividad en los objetivos de seguridad propuestos, sin embargo, hasta en los más altos niveles se cometen errores básicos por ausencia de tal análisis formal, pues como lo expone el economista Ernesto Cárdenas: la política de seguridad del presidente Uribe generó incentivos para que se incrementarán ampliamente los “falsos positivos”, debido a la ausencia de un parámetro de auditoría medible, que permitiera confirmar la transparencia de los implicados en la ejecución de esta política.
Por tanto es momento que quienes toman las decisiones de seguridad, ofrezcan la oportunidad a los académicos e investigadores con criterio científico para abordar estos aspectos y no seguir fundamentando las políticas en la intuición y el discurso populista, que se extrae con facilidad de las situaciones diarias, pero que no tienen aporte de fondo a resolver las problemáticas de justicia y disuasión del crimen en Colombia.
Y también es el momento que la parte de la sociedad, que no hace parte del sistema legislativo, ejecutivo o judicial, intervenga en la crítica y rechazo formal a la situación que atraviesa la justicia Colombiana, pues la clase política del país siempre se ha desenvuelto en un ambiente de confort en cuanto a sus proyectos de ley, sus decisiones operativas de seguridad y los juicios realizados en los procesos penales; aún, cuando en los últimos años han habido escándalos casos que evidencian tal problemática, las consecuencias de fondo no dejan de ser para el momento y para los implicados, mientras en el conjunto del sistema las cosas siguen más o menos igual, es decir no apuntan o siguen una tendencia que a mediano o largo plazo vaya a mostrar mejora.
Bajo esta perspectiva, es el momento que los análisis de la sociedad en su conjunto sean estructuralmente más formales con relación a la problemática de la criminalidad y la eficiencia de la justicia como disuasorio del delito, los ojos que ven con mayor claridad para tomar decisiones eficientes son los de la investigación científica, de lo contrario nos perderíamos en un mar de variables y sin dirección.
Autor:
Néstor Tintinago Jiménez