Han transcurrido 22 años desde que la Constitución Política de 1991 se estableció al interior de la sociedad Colombiana como una de las victorias democráticas más trascendentales de los ciudadanos. Paradójicamente, estos últimos tiempos han continuado revelando toda su crudeza, dadas las alarmantes transgresiones humanitarias y la extensa violación de derechos humanos como consecuencia de la crisis de gobernabilidad y representatividad por parte del Estado Colombiano, las graves secuelas del conflicto armado interno; entre muchas otras características de este entramado complejo de imbricaciones que es Colombia.
Lo anterior nos convoca a una profunda reflexión en torno a la democracia y al orden legal e institucional en el país, pero principalmente a una preocupación general por quienes han sufrido el aplastamiento sistemático a través de la represión y la coacción por parte del Estado Colombiano: las víctimas, pues los gobiernos no han sabido cómo elevarlas al rango de ciudadanos, en cambio si ha criminalizado a aquellas que no han estado dispuestas a seguir genuflexas, sumisas, sometidas y humilladas. Pese a que siguen siendo momentos críticos los de nuestra historia, se vienen avizorando alternativas reales de poder: los movimientos sociales, quienes han desarrollado históricamente una resistencia digna de resaltar como poderes antiestatales y que serán fuente de inspiración para quienes desean advertir los cambios necesarios para transformar y construir de nuevos ordenamientos sociales, políticos y económicos más justos.
El anterior panorama nos centra en el tema que nos compete y convoca en el presente escrito: los derechos humanos, ya que si bien en Colombia existe un acuerdo formal con base a la promoción, protección y defensa de éstos, entendiéndolos como la condición y el soporte fundamental para el disfrute de la dignidad humana, asistimos a un escenario muy enrevesado y controversial, cuando por ejemplo los ciudadanos en Colombia deben vivir en condiciones extremas de pobreza y miseria, injusticia e inseguridad, desigualdad —y esto solo por mencionar algunas de las situaciones que han trastornado la dignidad humana— que se ha puesto de manifiesto la incapacidad del Estado y la falta de compromiso institucional para suprimir de la realidad casos tan complejos como los anteriores mencionados, sumando además las desapariciones forzadas, torturas, masacres, desplazamiento forzado, entre otras graves violaciones de derechos humanos.
Es así como de manera más insistente en Colombia vemos como se siguen instaurando las grandes brechas entre el marco legal de los derechos humanos y su poca aplicación en medio de unas condiciones que históricamente nos han convertido en un país donde la violencia desborda todos los escenarios, donde en medio de un conflicto armado, las desigualdades económicas de los ciudadanos, las injusticias y la impunidad que se despliega con toda su inclemencia, la dignidad humana no es la primacía para quienes no han sabido cómo proteger la vida humana. Es entonces válido preguntarse ¿En qué medida asistimos a un problema más global como lo es el de la crisis del régimen democrático, frente a la ineficiente e inocua actuación de las instituciones que deben proteger y garantizar los derechos humanos en Colombia?
La manera como se percibe la crisis del régimen democrático en Colombia, más exactamente de las instituciones que se denominan democráticas, tiene su fundamento a partir de la lectura de un país que está siendo permeado por unas complejas relaciones de poder, hasta tal punto que algunos autores se refieren, para describir las condiciones políticas de Colombia, a términos tales como “democradura” o “dictablanda” (Ortiz, W. 2003. p. 121) así mismo, se podría realizar una analogía con otras formas de gobierno propias del fascismo, que se traducen en Colombia con los últimos gobiernos, a la acumulación de todo el poder del Estado en la rama ejecutiva, manifestaciones de corporativismo, populismo, presupuesto excesivo para la guerra, la preponderancia en los medios masivos de comunicación como recurso de gran tergiversación de la realidad y de polarización política.
Todo esto ha ocasionado que los derechos fundamentales y humanos no tengan el sistema indicado para su correcta aplicación, ya que tampoco se evidencia el rendimiento de las instituciones que los controlan, ni su eficacia decisional, ni la participación de los ciudadanos, y parte de lo anterior se demuestra también cuando se concibe la democracia sólo a partir de mecanismos como el sufragio.
Sin embargo, lo realmente agobiante lo siguen indicando las cifras, según el informe de derechos humanos suministrado por la Personería de Medellín durante el 2012 las altas tasas de homicidios, desapariciones forzadas, transgresiones a la libertad, igualdad y seguridad personal siguen siendo continúas en una ciudad como Medellín, paradójicamente considerada la ciudad más innovadora del mundo. (Recuperado de: Contextos como los anteriores descritos comprueban el desprecio y la subvaloración de la dignidad de los ciudadanos en Colombia que siguen siendo víctimas en sus derechos, volviéndose más extensos los círculos de violencia social, política, económica y edificando una historia realmente agobiante.
No obstante, parte de una solución concreta al problema de la violación de derechos humanos y fundamentales en Colombia tiene que gestarse al interior de los movimientos sociales, quienes deben jugar un papel protagónico en la actualidad y no solo la colombiana, como alternativas de lucha que pueden cuestionar a los gobiernos, como también al accionar revolucionario, capaces de participar en la acción colectiva, pero a su vez interesados en trascender en el tiempo, de crear procesos, de buscar incidir políticamente no solo a partir de la coyuntura, sino de la vigilancia constante a cualquier exceso del poder.
Escritor: Ana María Betancur Díaz