Los países que tienen los mayores porcentajes de inmigrantes legales (con respecto a sus totales) en España son Perú (99,9%), Portugal (97,6%) y Reino Unido (96,9%).
Es necesario acotar que la admisión de nacionales de otros países a efectos de empleo se lleva a cabo de manera diferente en cada Estado miembro, ya que es regulada por su legislación nacional. Estas legislaciones son dictadas en función de las tendencias migratorias. En el contexto actual los procedimientos y las políticas tienen como objetivo responder a las necesidades del mercado laboral con la consecuente protección de los intereses de la mano de obra nacional (López y Pérez, 2010).
Las políticas migratorias disponen que los extranjeros que quieran trabajar en España u otro país de la Unión Europea cuenten con una propuesta de empleo, recursos financieros suficientes y un seguro de enfermedad para obtener un permiso de residencia temporal. Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes admitidos legalmente en la UE se benefician de una reagrupación familiar o de una protección sanitaria.
Con el propósito de admitir en su territorio a personal extranjero, varios Estados miembros disponen de acuerdos bilaterales en materia de empleo. Estos acuerdos tienen por objetivo responder a las carencias de mano de obra, aunque también pueden firmarse para mejorar las relaciones con los terceros países, reforzar los vínculos históricos- culturales, mejorar la gestión de los flujos migratorios o luchar contra la inmigración clandestina.
En esta dirección, España ha firmado acuerdos con seis países (Bulgaria, Colombia, Ecuador, Marruecos, República Dominicana y Rumania), precisamente de donde proceden tradicionalmente los flujos de inmigración ilegal. Estos acuerdos han permitido reforzar la cooperación y la lucha contra la inmigración ilegal.
Otra política de control de la inmigración legal consiste en recurrir a un sistema de cuotas. En este caso, los Gobiernos fijan cuotas anuales después de haber consultado a las empresas, las organizaciones patronales, los sindicatos y las Agencias de empleo. Los Estados miembros establecen sus cuotas por sector de actividad, por región geográfica o por país de origen.
Algunos países, entre los que se encuentra España, han establecido además medidas de regularización. La frecuencia de estas operaciones ha aumentado desde mediados de los 90. En esta política es necesario distinguir las regularizaciones temporales de las definitivas. En el primer caso, las personas regularizadas reciben un permiso de residencia de una duración limitada y renovable. En el segundo, se les concede el estatuto de residente permanente.
Sin embargo, algunos estudios han previsto carencias de mano de obra en varios países de la Unión Europea después de 2010, por lo que la inmigración pudiera ser necesaria en los próximos años para responder a las necesidades del mercado laboral europeo. No obstante, la inmigración no permitirá solucionar los problemas causados por el envejecimiento poblacional, por lo que será necesario poner en marcha una reforma estructural (López y Pérez, 2010).
Es evidente que las políticas antiinmigración son mucho más severas con la inmigración ilegal, o sea, la migración de personas a través de las fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino. Es por ello que las medidas de control respecto a la entrada de esa población de inmigrantes se han ido multiplicando en las últimas dos décadas. Estas políticas han incluido el incremento en el control de las fronteras, incluso en relación con los refugiados políticos, a los que los países europeos han acogido tradicionalmente.
Existen varias formas de inmigración clandestina, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima. Algunos utilizan falsos documentos o incluso recurren a redes criminales organizadas. Otros entran legalmente en el territorio y prolongan la duración de la estancia autorizada. Es por ello que resulta muy difícil valorar con exactitud el número de indocumentados. Por lo general el número de inmigrantes clandestinos se evalúa en función del número de entradas rechazadas, expulsiones, detenciones en la frontera, solicitudes de asilos o demandas de protección nacional refutadas así como por las solicitudes de regularización. Además también es necesario añadir a esta lista los extranjeros que no solicitan ninguna forma de protección internacional (López y Pérez, 2010).
A partir de estas estimaciones es que se sostiene que la migración clandestina tiene una amplitud considerable en España y otros países de la UE, de ahí que la reducción de los flujos migratorios clandestinos constituya una prioridad política a nivel nacional.
Si se analiza la situación desde el punto de vista de los inmigrantes ilegales, para ellos la opción de abandonar su familia, cultura y país por un futuro prácticamente incierto es una decisión psicológicamente difícil. La imposibilidad de obtener un futuro en su país de origen ante la ausencia de oportunidades económicas y de opciones de empleo los hace decidirse. Para muchos de los que toman este camino cada año es la oportunidad de enviar dinero para mantener o ayudar a sus familias, sin dejar de incluir el riesgo que representa para sus vidas el difícil recorrido que les espera. Hay que tener en cuenta que como sucede en muchos casos, la situación empeora cuando el inmigrante se siente perseguido por las autoridades locales con fines de deportación. Además, la gran mayoría tienen que pagar a una persona para que los ayude a pasar y son discriminados por los nacionales (López y Pérez, 2010).
En este sentido se debe destacar que las políticas determinan la existencia de dos fenómenos distintivos. Uno de ellos es el común tráfico de inmigrantes, que conlleva a la entrada y permanencia clandestina del inmigrante irregular. El otro fenómeno es la trata de seres humanos, con lo cual se manipula la entrada con el fin de asegurar la explotación (sexual, laboral) del inmigrante.
Como antecedentes al análisis de las políticas migratorias en España en el contexto actual, se deben mencionar la primera regularización de inmigrantes en 1985. En 1986 se promulgó la Ley de Extranjería y en los años 90 se establecieron otras medidas de política inmigratoria con exigencia de visados a diversos países (Marruecos, Argelia, Túnez, Perú, República Dominicana y otros), regularización de trabajadores indocumentados y de sus familias, reforzamiento de la frontera sur (con Marruecos), establecimiento de contingentes anuales de trabajadores extranjeros (20.600 en 1993 y 1994) y un «Plan para la integración social de los inmigrantes» en diciembre de 1994 (Capel, 1997).
Sin embargo, es importante señalar que estas políticas antiinmigración han tenido su colofón en el contexto actual de crisis económica en España.
Autor: Moises Bolekia