El siglo XIX, especialmente su segunda mitad, es de particular interés para el estudio de la relación entre la Iglesia y el Estado en el Chile republicano. Así, por medio de la revisión historiográfica de esta época podemos esbozar una panorámica amplia de los principales elementos que configuran la cuestión Iglesia-Estado. Dentro de las corrientes historiográficas que dan cuenta de este Chile republicano el conservadurismo y el liberalismo se transforman en las principales fuerzas, pues en ellas residen tanto los intentos más exhaustivos de estudio sistemático de nuestra historia, como a su vez, en sus procesos narrativos se encarnan fuertes componentes ideológicos de diversos sectores políticos y culturales de nuestra sociedad.
Podemos definir que el principal punto de conflicto desarrollado por los historiadores de este tema gira en torno al paulatino y constante proceso de separación de las esferas religiosa y político-administrativa. Si bien, el catolicismo se transformó, luego del proceso independentista, en la religión oficial de Chile, no se posicionó (como sí lo fue en tiempos coloniales) en epicentro cultural. Es, más bien, un nuevo giro intelectual el que da forma y rige el desarrollo de la nueva sociedad chilena: la Ilustración.
Así, el motor socio-cultural se vincula a nuevas directrices, donde el poder eclesial comienza a perder su eficacia tanto en el imaginario social como en el ámbito legal. Gran parte de los historiadores concuerdan en que el artículo 5º de la constitución de 1833, que declara la oficialidad del culto católico como religión única de la nación, es el elemento de mayor simbolismo y por el cual se pondrán en marcha las mayores disputas discursivas en los años venideros. Se pasa de un vínculo indisoluble Iglesia-Estado a una paulatina separación constitucional.
Como la disputa se instaló en el plano político y legal los límites entre los deberes religiosos y políticos comenzaron, por un lado, a difuminarse y, por otro, a interponerse. De este modo, el ingreso a la política que hacen fracciones de la Iglesia está dado por la liberalización del mismo quehacer político; vale decir, la Iglesia, según Alberto Edwards, busca la conservación de sus derechos políticos y civiles generando una suerte de independencia del poder del Estado. Al parecer, tanto el Clero como el Estado buscan de la misma forma deshacerse el uno del otro sin que el otro pudiese entrometerse en su propio dominio. La diferencia estriba en relación a la finalidad de esta separación, pues el Estado busca, según la historiografía liberal, reducir la operancia de la iglesia al plano privado de culto delimitando cualquier facultad política-administrativa, permitiendo a su vez el desarrollo y progreso del país maltratado por años de “oscuro dogmatismo”.
La educación se transforma en un foco neurálgico para entender elementos fundamentales de la pugna, transición y separación entre Iglesia-Estado. Asimismo, es el principal impulsor de difusión del nuevo modelo cultural imperante en las nuevas sociedades, dentro de las cuales pretende contarse Chile. De esta manera, la educación enraizada en el Estado se centra en el positivismo y en el desarrollo del saber basado en una concepción racionalista. A su vez, La Iglesia utilizó el entramado educativo en la misma dinámica liberal y con la fuerte idea de que por medio de la enseñanza se puede instalar dentro de la sociedad un discurso lo suficientemente válido para difundir una doctrina.
La historiografía conservadora deposita gran responsabilidad a la Iglesia en su separación del Estado. A partir de la intención de no estar supeditada a los dictámenes estadistas termina imponiéndose el férreo deseo de separación. De esta manera, se instaló una revolución moral que detonó profundos cambios en el ámbito político. Para Edwards el asunto es mucho más hondo y debilita las causas asociadas a las iniciativas liberales de un nuevo Estado, en cuanto cree que este cambio se inserta ante todo en “una gran crisis de la época moderna que consiste en la rebelión del alma social contra las antiguas fuerzas espirituales de la cultura” .
Por su parte la historiografía liberal acentúa el carácter racionalista y progresista de la empresa guiada por el Estado de relegar sostenidamente la esfera de influencia de la iglesia a un plano privado; incorporando, por medio de modificaciones legales, a la carta constitucional de 1833 reformulaciones de decretos que suprimían la libertad de culto, de acción religiosa (cementerios) o de enseñanza. En un segundo envión, el Estado se propone desplazar cualquier injerencia de carácter legal y que no esté prudentemente acotado a la esfera propiamente espiritual. Para ello, en el año 1865, suprime el artículo 5º de la constitución de 1833.
La política se transforma en el escenario elegido para el desarrollo de esta pugna y lo que antes se entendía como un conflicto de valores espirituales, doctrinarios e ideológicos ahora entra a la arena política como soporte partidista y causa, en el mayor de los casos, del accionar político. En este sentido, y si bien se puede identificar una separación de la Iglesia y el Estado; también se puede identificar una penetración concreta y sistemática de la Iglesia en el campo político, aunque acotado, unido poderosamente a un sector sociopolítico determinado: el partido conservador. Se produce, entonces, una doble articulación que por un lado tiene a la Iglesia dejando de protagonizar y dirigir a la sociedad, ya sea por un fondo cultural que ha cambiado, ya fuese por el constante devenir liberal que desplazó del campo administrativo a la Iglesia; y por otro, insertándola en el nuevo mapa político como fuerza capaz de seguir influyendo en amplios sectores de la sociedad.
Escritor: Manuel Antonio Gálvez