Entre los años 2000 y 2007, España vivió uno de los períodos de mayor prosperidad económica. Comparado con la UE donde el promedio del crecimiento del PIB fue de un 2,2%-2,4%, el crecimiento medio anual del PIB real en España fuecon 3,5%, una cifra sensiblemente mayor que la registrada para la UE (2,2% para la UE-15 y 2,4% para la UE-25 y UE-27, según Eurostat).
Este progreso se caracterizó por una intensa demanda de mano de obra: construcción (especialmente residencial) y servicios de escaso valor añadido en los sectores productivos cuyos desarrollos desempeñaron un papel predominante.
El crecimiento económico durante este período estuvo liderado por ambos sectores: construcción y servicios privados. En el caso de la construcción, la aportación al crecimiento pasó del 9% en el quinquenio 1996-2000 al 15% en 2001-2007, mientras que, para el caso de los servicios privados, la aportación pasó del 48% hasta el 60%. Otros sectores como el industrial influyó negativamente en este desarrollo, pues disminuyó su protagonismo, reduciendo su aportación promedio para el avance económico del 23% al 6% (Figura #).
La consecuencia más visible de este modelo de vigoroso crecimiento liderado por sectores poco productivos[1] fue la extraordinaria generación de empleo. Durante el período 2001-2008 se crearon 4,7 millones de empleos netos. Tan representativo fue este valor que constituyó más del 31% de todo el empleo comunitario en la UE generado entre 2001 y 2007[2] a pesar de ser el mercado laboral español sólo el 9% del stock de trabajadores de la UE.
La crisis económica incidió sobre la economía española cuando se iniciaba un proceso de ajuste tras esta larga expansión que hemos comentado. Durante el período de 1995 a 2006 se sucedieron una serie de desequilibrios en la economía española promovidos por la expansión de dicha economía (Informe anual 2008). Durante esta expansión, la economía española acumuló una serie de desequilibrios interdependientes entre sí, que se pueden agrupar en dos problemas medulares: un abultado endeudamiento de las empresas y de las familias, que, al no estar compensado suficientemente por el mayor ahorro del sector público, se tradujo en un elevado recurso al ahorro exterior; y un peso excesivo del sector inmobiliario, en términos tanto de concentración de los recursos productivos en dicho sector —muy superior a lo observado en otros países— como de la importante materialización de la riqueza de los hogares en activos inmobiliarios.
Entre los años 1999-2006 la economía española experimentó un fuerte impulso de demanda: la demanda interna creció a una tasa anual media del 4,7%, con incrementos del consumo, la inversión en bienes de equipo y la inversión en construcción del 4,2%, 5,5% y 6,7%, respectivamente. Frente a esta expansión del gasto, la oferta también avanzó significativamente, pero a un ritmo menor: la producción se expandió a una tasa anual media del 3,8%, impulsada por una intensa creación de empleo sustentada en el dinamismo de la inmigración y el aumento de la tasa de actividad de la población nacional femenina. Sin embargo, es notable el hecho de que la productividad en ese período mostró muy escasos avances.
Este desbalance entre los crecimientos del gasto y la producción generó, por una parte, un endeudamiento exterior creciente y, por otra, una presión sobre los precios que contribuyó a mantener un diferencial de inflación positivo con respecto a los otros países de la zona del euro y, por tanto, una apreciación del tipo de cambio real y una pérdida de competitividad de los productos españoles.
Debido a las facilidades existentes para acceder al crédito en un contexto marcado por la existencia de primas de riesgo muy reducidas y unas condiciones monetarias holgadas, con unos tipos de interés nominales —y, seguramente, reales también—por debajo de lo que habrían requerido las condiciones de demanda en España, las familias y las empresas españolas incrementaron muy rápidamente sus tasas de endeudamiento. Esto provocó que al contrario que en otras etapas expansivas precedentes, el recurso a la financiación no estuviera protagonizado por el sector público, que redujo su deuda a lo largo de todo el período (Andrés et al., en prensa).
El creciente dinamismo del mercado inmobiliario y el elevado aumento de los precios de la vivienda unido a la expansión provocaron un fuerte crecimiento de la tasa de empleo, que mejoró las expectativas de crecimiento de la renta bruta disponible y, por tanto, impulsó adicionalmente la demanda de crédito.
Como resultado, la economía española, que en su conjunto prácticamente no precisaba de financiación exterior en 1996 (las operaciones financieras netas con el resto del mundo presentaban de hecho un superávit del 0,8% del PIB al final del año), en 2007 tenía unas necesidades de financiación que llegaban al 9,7% del PIB (un 11,1% para las sociedades no financieras y un 2,7% para las familias), a pesar de que las Administraciones Públicas aportaron una capacidad de financiación del 2,2% del PIB. En 2008, la necesidad total de recursos exteriores se situó en el 9,1% del PIB (Informe Anual 2008).
Incluso en un contexto aparentemente tan favorable, el incremento de las tasas de endeudamiento de las familias y las empresas resultaba excesivo. El aumento de las deudas sólo resultaría justificado si el crecimiento futuro de los ingresos permitiera hacer frente a su pago sin la necesidad de realizar ajustes posteriores en la senda planeada de gasto. Sin embargo, los resultados obtenidos a partir de las simulaciones de distintas versiones de modelos de sustitución intertemporal del consumo especialmente diseñados para identificar los determinantes del endeudamiento sugerían que, para cumplir dicha condición, el incremento de los pasivos observado durante el período 1995-2005 requeriría que la renta per cápita española creciera a tasas superiores al 2% durante los próximos diez años (Informe Anual 2006). La simple extrapolación de los tipos de interés y las tasas de crecimiento de la renta observados durante la última década llevaría a un aumento de la tasa de endeudamiento de la economía española (la razón de deuda externa sobre el PIB) unos 8 pp por debajo de lo efectivamente registrado (Estrada et al. 2009).
[1] En los sectores de la construcción y los servicios se han anotado reducciones de la productividad aparente del factor trabajo desde 1995 hasta el inicio de la crisis con unas medias anuales del -1,6% y del -0,3%, respectivamente, según datos homogéneos de Contabilidad Nacional.
[2] Datos homogéneos, “Labour Force Survey”, Eurostat.
Autor: Moises Bolekia