Hablar de poderes en Colombia por estos días, nos toma una tarea demasiado difícil, creo que debemos analizar el origen de los poderes en Colombia, es de nuestro conocimiento que existen 3 ramas del poder público, la primera de ellas es la rama ejecutiva, encabezada por el presidente de la república, compuesta por alcaldías, gobernaciones, propiamente facultados por el artículo 115 de la constitución nacional, la segunda rama es la legislativa, compuesta por el senado y cámara de representantes y la rama judicial se ocupa de administrar justicia en Colombia, entre ellas la corte suprema de justicia, corte constitucional, consejo de estado, consejo superior de la judicatura, jurisdicciones especiales y fiscalía general de la nación.
No obstante, existen unos órganos autónomos, órganos de control como son: procuraduría y contraloría, al igual que el consejo nacional electoral y banco de la república. Ahora bien, todos estos organismos se encuentran debidamente consagrados por el constituyente del 91, que plasma en una constitución pétrea, denominada “NORMA DE NORMAS” como la de mayor jerarquía en Colombia, HANS KELSEN nos hablaba de la “pirámide invertida” dejando la constitución nacional en la cúspide, razón por la cual ningún precepto jurídico o legal, pudiera contradecirla, y ante algún vacío prevalecerá esta misma. La CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA, reza en su primer artículo que Colombia es un ESTADO SOCIAL DE DERECHO, DEMOCRATIVO, PLURALISTA Y PARTICIPATIVO, estos conceptos antes resaltados, tendrán relevancia en el trasfondo social y político de este escrito, que dejare en la retina de sus lectores, al momento de cuestionarse sobre nuestra realidad y la problemática actual en Colombia.
Hecho este preámbulo el cual considero necesario para precisar conceptos y de esta manera despertar en los lectores un sentido crítico, lógico y OBJETIVO, quiero traer a colación para esta oportunidad el “CASO PETRO”, que por cierto, suele ser el tema de análisis y de diversas aristas en nuestro país, como bien sabemos existe una destitución del alcalde de Bogotá GUSTAVO PETRO, en esta ocasión, mi intención no es entrar a debatir las razones que motivaron al procurador en uso de sus facultades legales, para promover la destitución del mencionado alcalde, antes bien, analizar el trasfondo político pero sobre todo el tema que quiero poner a consideración de ustedes es la “LEGALIDAD Y CONSITUCIONALIDAD” de tal decisión, es decir, tenemos unas facultades que nos da el constituyente del 91 como órgano de control, sobre las actuaciones de las ramas del poder público, ahora bien, siendo la constitución nacional quien faculta estos entes de control, pero que a su vez en su artículo primero declama que COLOMBIA es un país democrático, la primera pregunta que me surge es ¿ EXISTE EN COLOMBIA UN CHOQUE DE TRENES?.
O sencillamente el constituyente del 91 no ha sido claro al decir que existe un vacío legal, al momento de referirse de manera clara y contundente sobre las limitantes de estos poderes? Hasta qué punto estas facultades otorgadas al procurador, pueden contravenir los principios generales de democracia, es decir ¿PUEDE EL PROCURADOR DESTITUIR UN CARGO DE ELECCION PUPOLAR? Estas preguntas podremos resolverlas quizás cuando estudiemos de fondo nuestra constitución, las facultades y los poderes que estos otorgan, pero bueno, mi interés en este artículo no estaría encaminado precisamente a resolver esta incógnita, puesto que ninguna de las ramas del poder público ha tomado una nota definitiva o ha dado una posición final frente al conflicto, pero nosotros como personas analíticas, deberíamos pensar en las razones políticas que anteceden a este conflicto, tanto así, que en Colombia no es primera vez que existen fallas en un gobierno, no es primera vez que existen irregularidades, no es primera vez que existen falencias en una administración, no es primera vez que se han hecho denuncias e investigaciones de corrupción, lo cual me lleva a cuestionar de primer plano lo siguiente, ¿ será que en Colombia ya llegaron los entes de control más moralistas y rigurosos frente a la administración publica, o en su defecto existen intereses netamente políticos y de poder detrás de estas decisiones?.
No lo sé, pero bien diría el dicho popular y a mi juicio pertinente en esta reflexión, “ NI TANTO QUE QUEME AL SANTO NI TAN POCO QUE NO LO ALUMBRE “ , y ya que hablamos de SANTO, no dejemos de lado al presidente de Colombia JUAN MANUEL SANTOS, quien hasta el momento no ha dado posición final frente al conflicto, lo cual llama profundamente la atención, bien sea de un interés que exista sobre la administración de la capital de Colombia o su temor frente a prevaricar sobre asuntos de su competencia.
Queridos amigos, finalmente y con la expectativa de sembrar en ustedes una inquietud, quiero decirles que en Colombia los poderes existen, pero el mayor poder lo da el pueblo colombiano, el pueblo que unido debe afrontar su problemática y que de manera pacífica debe rechazar las injusticias, quizás a mi modo de ver la mejor manera es conociendo nuestra historia, dejando atrás la “patria boba”, aquella que mantiene en silencio ante sus atropellos, el llamado y la invitación es a no ser amnésicos, a no ser influenciados por los medios de comunicación, si no ser críticos firmes y férreos de nuestros criterios y principios, es por ello que para finalizar dejare una frase célebre de NAPOLEON BONAPARTE, “ QUIEN NO CONOCE LA HISTORIA ESTA CONDENADO A REPETIRLA”.
Escritor: JHON JAIRO ROJO MARTINEZ
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