La decisión final en el marco del debate sobre el polémico tema del salario mínimo para 2014 no es solución socioeconómica efectiva. Sin que se haya anunciado la tasa de incremento de la gasolina y, por consiguiente, de la canasta familiar, que sin duda aflora la nostalgia financiera de enero para la mayoría de los colombianos, es evidente que los 884 pesos diarios que esto representa no cubren el aumento de precios en cárnicos, lácteos, víveres, transporte, salud, educación, vivienda y demás bienes, productos y servicios necesarios para un mínimo bienestar social.
El presidente Santos bajo la estratagema de dejar contentos a todos –acción que parece no contar con el mismo impacto en los medios- decidió por un 4,5 %. En seguida las redes sociales, los diarios y los noticieros del país sacaron a relucir las controvertidas opiniones de los directos interesados en la administración nacional. Todos los candidatos pensaron en la gente. Unos más generosos que otros y con proyectos ambiciosos. El presidente por su parte hizo mención a los aumentos “reales” dados en el salario mínimo, que no son más que una oscilación entre leves aumentos y disminuciones sin considerar, claro está, la diferencia mencionada, la inflación. Su criterio sirvió de campaña reeleccionista.
Los incrementos en el salario mínimo no exceden los de la inflación, propios de los bienes y servicios del país. Según la revista Portafolio, en un sondeo realizado a 37 analistas económicos, 34 expusieron que el Banco de la República mantendría su tasa de interés en un 3,25 por ciento. Dos manifestaron que habría una disminución a un 2,75.
En contraste, el incremento de un 4,5 por ciento del salario mínimo comparado con el de 3,25 que dijeron los analistas de la inflación para el encuentro del 29 de noviembre, deja un beneficio de ganancia para el individuo de 1,25 por ciento. De ganancia si así puede llamársele. Cuando hacemos esta breve sustracción -necesaria y que debería ser de sentido común- solo vemos un panorama gris para la economía de las personas que devengan un salario mínimo.
En los últimos cuatro años el salario mínimo no ha tenido un aumento considerable. Para el año 2012 subió 4,2 por ciento, es decir, de 536.600 pesos a 566.700. En 2013 fue de 4,02 por ciento, es decir, 589.500 pesos. El incremento para el 2014 no parece ser la gloria manifiesta. En 616.027 se definió ante las centrales de trabajadores el aumento del salario mínimo, en contra de la solicitud por ellos presentada de un 6 por ciento. Sobre los posibles beneficios de esta cifra para una persona se ha dicho mucho, y los noticieros hicieron sondeos y encuestas sobre la opinión de los colombianos. La conclusión no es otra: el salario mínimo es siempre insuficiente.
En Colombia 1.272.715 millones de personas devengan un salario mínimo bajo un contrato laboral. Cabe anotar que en las estadísticas no se menciona a la población que trabaja en la informalidad, que devenga menos de un salario mínimo y que no se beneficia del sistema de salud, precisamente por la naturaleza de sus condiciones labores.
Frente a esto el papel del Estado en la decisión sobre los incrementos del mínimo es vital, lo que en el país se evidencia a la hora de hacer publicidad política, a propósito de elecciones. Lo que la gente no sabe, es que el criterio de Estado define desde dos fuerzas dentro del sistema neoliberal colombiano: los dueños de los medios de producción y los representantes de los trabajadores, siendo de mayor influencia la primera.
Por otra parte, el tema del salario mínimo también permite hacer la siguiente inferencia: el incremento se refleja en personas que devengan más de tres y cuatro salarios mínimos, factor decisivo a la hora de aumentar la brecha entre individuos que no ven un futuro promisorio para el siguiente año y aquellos que pueden ver multiplicarse los 26.527 pesos aumentados por dos, tres, cuatro y más salarios mínimos.
La necesidad de incrementar el salario mínimo de forma significativa implica brindar un bienestar social a las personas. Al acceder a bienes y servicios, un individuo mejora notablemente la calidad de vida de su familia. Esta acción es responsabilidad de todos, aunque siempre la dejamos en manos del estado.
Diego Rafael Cerón Peña
Diciembre de 2013