La educación impartida en los colegios públicos ha evolucionado en el tiempo, considerada de calidad hace décadas y hoy en día calificada de mediocre, según lo planteado tanto por expertos, como por los diferentes actores de la vida política y social de nuestro país.
A la luz de tales afirmaciones, ¿qué piensan los principales actores del proceso de educación? ¿Son los docentes, los únicos y principales responsables de la regular calidad de la educación municipal? ¿Cuál es entonces, la verdadera realidad del sistema educativo municipal chileno?
Veamos cómo los acontecimientos políticos han influido en los cambios que ha experimentado la educación estatal. La crisis de la educación pública chilena comenzó a gestarse cuando se la desvinculó del Ministerio de Educación, traspasándose toda la responsabilidad de la administración y control a las municipalidades, sin antes haber analizado el impacto que tal cambio causaría tanto a estudiantes como a profesores, principales actores del proceso enseñanza-aprendizaje.
El enfoque mercantil fue ganando fuerza e imponiéndose en el ambiente educativo, lo que implicó que las políticas diseñadas para la educación pública fueran modificadas radicalmente: el gobierno instruyó al ministerio qué enseñar a los estudiantes, así el currículum estaría en directa concordancia con lo dispuesto por la Junta Militar. Poco a poco comienza a proliferar los establecimientos subvencionados en todo el país, y, junto con ello se abrió lentamente la puerta al lucro: el éxito de la unidad educativa subsidiada dependía del marketing, recurso que permitiría un mayor ingreso de estudiantes, aún cuando la infraestructura del colegio y la calidad de la enseñanza fuera regular y/o deficiente.
Al mismo tiempo, y, para asegurarse de que las políticas educacionales se llevarían a cabo conforme a las decisiones tomadas por el régimen militar, las autoridades educacionales fueron designadas de acuerdo la confianza con que éstas contaban por parte de la autoridad de turno, situación que provocó profundo malestar y desconfianza en el gremio docente, lo que dio paso a manifestaciones, paros y huelgas por reivindicaciones salariales y laborales durante toda la década de los ochenta.
La década de los noventa parecía traer cambios importantes, tanto a nivel político como educacional, pues que se pensaba que el retorno a la democracia implicaba la vuelta de la educación al Mineduc. No obstante, los hechos mostraron lo contrario: la educación siguió en manos de los municipios, que a esa fecha habían demostrado, en un porcentaje no menor, el manejo inadecuado de los recursos asignados y la deficiente administración de las políticas laborales y educacionales, lo que produjo gradualmente una disminución significativa en las matrículas.
A nivel país, el prestigio de la labor docente iba en franco descenso; los índices de los sistemas de medición mostraban la gran brecha existente entre los establecimientos particulares y subvencionados en comparación a los colegios municipales. Estos magros resultados, dieron paso a la toma de medidas a nivel gubernamental para revertir dicha situación, ya que no era suficiente la preparación docente a nivel universitario, había que implementar perfeccionamiento en las distintas áreas de conocimiento para alcanzar los niveles estándares que sustenta el sistema educativo europeo, razón por la que el gobierno de Chile decidió ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos ( OCDE ), cuyo objetivo es coordinar las políticas económicas y sociales que permitan incrementar el desarrollo de los países.
Por tanto, a la luz de los hechos mencionados se podría pensar que todos o casi la gran parte de los problemas de la educación pública estaban resueltos y que la sociedad se volcaría nuevamente a los establecimientos municipales para confiar la educación de sus hijos, pero esa tan ansiada recuperación de la educación pública de calidad no pudo hacerse realidad debido, esencialmente, a que las medidas adoptadas no fueron suficientes, oportunas ni consensuadas con los docentes.
El magisterio, a través de su presidente y representantes regionales han señalado, a las respectivas autoridades educacionales, los cambios y disposiciones que debieran aplicarse para perfeccionar las prácticas pedagógicas, lograr óptimos resultados y dignificar al docente, para que éste recupere el sitial a nivel profesional y social que tenía antes del quiebre institucional, dejando de ser sindicados como los únicos y principales responsables de la deficiente calidad de la educación municipal, sin ponderar las condiciones que afectan su desempeño tales como: el escaso tiempo para planificar y preparar material didáctico, la sobrecarga con tareas administrativas, el poco apoyo de los docentes directivos, la precaria infraestructura de los establecimientos, los pocos recursos educativos y el desamparo laboral que ha conllevado tener como empleador a los municipios.
Adicionalmente a todo lo antes expuesto, tenemos la Prueba Inicia y la Evaluación Docente que representan una muestra del enfoque reduccionista y de mercado que impera en estos días en la educación, pues no siempre un buen resultado garantiza que nos encontramos ante un profesional de excelencia. Por otra parte, la segregación escolar se hace cada vez más evidente, por cuanto, además de los establecimientos subvencionados, particulares y municipales, existen los Liceos Bicentenarios, colegios que seleccionan y exigen altos niveles de rendimiento, cuya promesa educativa es otorgar una educación de excelencia, que no se estaría impartiendo en los colegios municipales carentes de tal denominación.
En consecuencia, modificar el fondo, además de la forma en la educación municipal es responsabilidad de todos y no sólo del profesor, ministerio, expertos, parlamentarios y del gobierno. La participación ciudadana tiene que hacerse presente, no basta con exigir el derecho de recibir una educación pública de calidad, el primer deber ciudadano es informarse para aprender y conocer, dado que las personas educadas son quienes hacen posible que el país avance en un mundo cada vez más exigente y globalizado, que supone contar con ciudadanos preparados para asumir los desafíos del “hacer” y hacerlo bien; conforme exista el compromiso de la sociedad para que así sea, todos los actores, especialmente los estudiantes de la gran mayoría del país, se verán beneficiados, porque la educación, es asimismo, un proceso formativo vital y un derecho humano elemental que debe ser garantizado.
Escritor: Solange Veloso Carvajal