Los derechos humanos se han entendido tradicionalmente como aquellos valores supremos que son intrínsecos al ser humano por el mero hecho de serlo. Sobre este tema se han presentado un sinfín de discusiones respecto a qué son, cómo se deben aplicar y qué se entiende por ello.
Este escrito se aparta de esa discusión y se inclina por la acepción de Derechos Humanos que propone Papacchini1 cuando afirma que «los derechos humanos son reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época histórica las demandas de libertad y de dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad internacional”. Pero anotando que, no solo el Estado es responsable de los derechos humanos, puesto que si bien es el principal guardián, por mencionar algunas instituciones públicas, según la Constitución le corresponde al Ministerio Público la guarda y promoción de los Derechos Humanos, a la Procuraduría la función de protegerlos y asegurar su efectividad y a la Defensoría del Pueblo la de su promoción, ejercicio y divulgación, cabe anotar que también los ciudadanos son responsables; ellos incurren en su vulneración cuando desatienden el deber constitucional de defenderlos, ya que en virtud del Artículo 95 de nuestra Constitución Política Colombiana, es un deber de la persona y del ciudadano “Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”.
En el mismo sentido, Luis Maldonado2, asumiendo que tanto el Estado como el ciudadano, son responsables, garantizan y vulneran los derechos humanos, afirma que “Los derechos humanos existen en forma unificada y tienen posibilidades de realización si el Estado responde en forma íntegra a la persona y a su entorno”.
Partiendo de la anterior definición de Derechos Humanos, se puede decir que hay vulneración de estos cuando el Estado no actúa de manera diligente para evitar las violaciones o cuando por medio de sus agentes ha lesionado por acción o por omisión los derechos de los individuos. Pero también hay vulneración cuando se incumple por los particulares la obligación de respetarlos y defenderlos; en este sentido, son responsables de dicha vulneración como ya se dijo, tanto el ciudadano infractor de la ley, como el Estado con sus omisiones.
Así las cosas, los Derechos Humanos tienen sustento en la dignidad humana y por tal motivo aportan a la formación del individuo y a la condición social. Pero si bien, estos tienen una fundamentación moral y convierte en beneficiario a todo individuo de la especie humana, es gracias a la positivación, es decir a las diversas normas, que se verifican como exigibles.
En virtud de la exigibilidad que se demanda del Estado, este debe garantizar a los individuos el acceso a los medios que les permitan desarrollar una vida digna, y además disfrutar plenamente de los derechos económicos y sociales, previa protección del derecho a la vida en un sentido negativo, es decir, brindándole seguridad frente a la violencia, esto en el entendido de que un escenario violento impide el desarrollo humano, restringe las libertades positivas y vulnera libertades negativas de los habitantes.
Lo anterior se traduce básicamente en que el Estado debe implementar políticas públicas eficientes encaminadas al desarrollo social haciéndose necesaria la ejecución simultanea de estrategias para beneficiar a la comunidad en general y mantener el monopolio de la fuerza por parte del mismo en cada territorio, para así evitar el uso de la violencia en la solución de conflictos, esto porque la violencia no es el escenario adecuado para la promoción, defensa y protección de los Derechos Humanos, entonces se hace inevitable superarla para darle un espacio protagónico a una cultura donde prevalezca la vida y la dignidad de todo ser humano.
Concluyendo, podemos decir que, para lograr la protección de los tan valiosos derechos humanos es importante entonces enfocar las medidas y las políticas gubernamentales hacia la construcción de estructuras sociales sólidas donde se construya una cultura de los derechos humanos y se propenda por la disminución de las desigualdades socio-económicas.
Escritor: Ángela María Gil Cárdenas