OPORTUNIDAD LABORAL DEL INMIGRANTE AFRICANO RESIDENTE EN CATALUÑA EN EL CONTEXTO ACTUAL DE CRISIS – 2 parte –

Por su parte, la mujer africana en Europa trabaja en las mismas condiciones que los hombres. Así, se les puede encontrar en fábricas, tiendas, hospitales, etcétera. Sin embargo, es de destacar que la excepción es España, en donde la mujer negra tiene solamente dos opciones: los trabajos de hogar o la prostitución. La prostitución es una opción oculta, mientras que la del trabajo en el hogar es la oficial y legal desde hace varios años (Makomé, 2006).

 

Al particularizar en la situación de la ocupación de los inmigrantes irregulares en España, podemos plantear que esta se ha concentrado tradicionalmente en la agricultura (en zonas rurales y hombres principalmente), la construcción (hombres), los servicios (en zonas urbanas, hombres y mujeres) y el trabajo doméstico (zonas urbanas, mujeres). Como se analizó en el Capítulo III, en los sectores de agricultura, construcción y servicios domésticos en el período anterior a la crisis se apreció, por parte de las autoridades, cierta tolerancia a la contratación de inmigrantes irregulares. Esta actitud se debió a la insuficiente mano de obra española o extranjera en situación regular. Sin embargo, con la llegada de la crisis económica y el incremento del desempleo en casi 2 millones de personas entre el primer trimestre de 2008 y el tercero de 2009, la situación de base de esa tolerancia ha sufrido modificaciones (Manzanedo y González, 2009).

 

Es un hecho que en muchas regiones del país hay un excedente de mano de obra regular en la agricultura, situación que puede generalizarse a todo el país en el sector de la construcción, que sufre una situación recesiva que se pronostica sea de un largo plazo (al menos tres años, tal vez el doble). Esto se debe fundamentalmente al número de viviendas construidas que no han sido vendidas, que es del orden de la demanda de tres años normales.

 

La situación generada ha provocado el surgimiento de una competencia real por los puestos de trabajo disponibles entre españoles e inmigrantes tanto en situación regular como irregular, en los sectores de agricultura y construcción principalmente. Hay que destacar que en este contexto en el que existe una tolerancia decreciente por parte del gobierno a la irregularidad migratoria en el país, aquellos inmigrantes que tengan su documentación en regla tienen ventajas en esa competencia (Manzanedo y González, 2009).

 

Otro hecho que hay que resaltar está relacionado con el decrecimiento en el sector de la industria, más marcado que en la construcción, en las zonas urbanas. En este contexto, los desempleados de la construcción de estas regiones se han dirigido al sector servicios, que no se encuentra en capacidad de contratarlos. Esta situación afecta en mayor medida a los inmigrantes irregulares masculinos, debido a que la probabilidad de que sean contratados en el sector servicios de las zonas urbanas es muy baja. De esta forma, si estas personas no son empleadas en la construcción deben elegir entre un trabajo en el campo, emigrar, retornar al país de origen o asumir la vida marginal urbana y estar a expensas del consecuente acoso policial.

En este contexto, la situación de los inmigrantes africanos hombres en las ciudades ha estado marcada por  el desempleo que implica la marginalización social. En este período ha sido notable en algunas ciudades importantes como Madrid, el incremento en el número de hombres jóvenes subsaharianos sumergidos en la mendicidad que se ha hecho evidente en diferentes establecimientos públicos. Esta es probablemente la más compleja de las consecuencias sociales de la crisis económica en el país ibérico, sobre todo si tenemos en consideración que al empujar a estos hombres jóvenes sin familia en el país a la marginalidad podría incrementarse la delincuencia y la consecuente xenofobia entre la población local. Es de destacar que esta  xenofobia ya venía fomentándose producto de la competencia por los servicios básicos y por los puestos de trabajo en las partes más bajas de la escala laboral (Manzanedo y González, 2009).

 

Si realizamos un análisis similar en el caso de las mujeres inmigrantes irregulares que habitan en las zonas urbanas, se puede asegurar que, a pesar de la crisis, el servicio doméstico sigue constituyendo una alternativa de trabajo para ellas. No obstante, es lógico pensar que los problemas económicos por los que atraviesan las familias españolas han conducido a una caída notable en la demanda de este tipo de empleo. A esto se le debe adicionar la apreciable disminución de los salarios ofrecidos por jornadas largas de trabajo en tareas domésticas que requieren un esfuerzo considerable. En este sentido, la generalidad es que estos salarios se encuentran por debajo del salario mínimo y es por un número de horas que excede la jornada laboral máxima. A su vez, las aspiraciones de las extranjeras en condición irregular de tener una doble contratación, relacionada con la limpieza o el cuidado de personas, se han desvanecido dada la competencia de españolas y extranjeras en situación regular. El impacto de la crisis en la situación laboral de las inmigrantes  irregulares que trabajan en el servicio doméstico puede resumirse en un incremento de la dependencia de las familias empleadoras y en una menor posibilidad de integrarse en el mercado laboral formal (Manzanedo y González, 2009).

 

Esta situación tiene también consecuencias legales significativas para los inmigrantes irregulares pues una oferta de trabajo formal constituye una condición imprescindible para optar por la legalización por arraigo social concedida luego de tres años de estancia en España. Este es el único procedimiento previsto en la ley para que un extranjero regularice su situación sin tener que renunciar a vivir en el país. Un elemento adicional que ha generado gran preocupación en este contexto actual de la crisis es el peligro de pérdida del estado legal de un gran número de inmigrantes con permiso de residencia que están desempleados. Si tenemos en cuenta que la renovación de los permisos de residencia y trabajo está sujeta a la existencia de un contrato laboral y a la cotización a la seguridad social, de prolongarse esta situación en el tiempo, este grupo de personas pasarán a situación irregular (Manzanedo y González, 2009).

Autor: Moises Bolekia

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