POLÍTICAS ANTIINMIGRACIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL EN EUROPA Y ESPAÑA – 5 parte –

En abril de 2011 el Consejo de Ministros aprobó mediante un Decreto Real el reglamento definitivo para la Ley de Extranjería de este año. El real decreto atañe al Reglamento de la Ley Orgánica de enero de 2000, reformada por la Ley de Extranjería de 2009. Las novedades de este reglamento tienen su basamento en los nuevos ciclos migratorios. En esa dirección la nueva Ley proyecta tener mayor rigor, objetividad y transparencia en los procesos administrativos de extranjería. La misma pretende aunar criterios en la realización de trámites por parte de los extranjeros, otorgar rapidez en los procedimientos y disponer de las nuevas tecnologías al servicio de las tramitaciones..

Entre las nuevas proyecciones de la política antiinmigrante actual aparece la garantía de la movilidad de los extranjeros, así como el aseguramiento de procedimientos más ágiles a los inmigrantes que opten por el retorno voluntario a sus países de origen. Es obvio que con esto el gobierno busca que los extranjeros sin trabajo regresen a sus países natales en espera a que mejore la situación creada por la crisis económica actual y se incremente la demanda laboral. En función de lo planteado el sistema reconocerá los años de trabajos con contrato realizados en España, por lo que si el inmigrante decide regresar a España no perderá los años de cotización. Es importante aclarar que esta nueva Ley pone como condición al extranjero la espera de tres años para regresar al país ibérico si hay demanda de mano de obra, pero al menos tendrá prioridad para acceder a las contrataciones en origen.

Por otro lado, el nuevo reglamento se presenta con mayor rigor ante el cumplimiento de las contrataciones por parte de empleadores españoles y trabajadores extranjeros. En este caso se castiga a los empleadores que no hayan cumplido con los compromisos pactados, impidiendo la contratación de inmigrantes durante los tres años posteriores.

Otro aspecto significativo es el mantenimiento del arraigo laboral, ya que se plantea la necesidad de los tres años para poder mantener la permanencia continuada en España. Sobre la exigencia de demostrar un vínculo laboral de un año de duración para solicitar el arraigo laboral este queda reducido a los seis meses.

Además el reglamento introduce la posibilidad de modificar las condiciones que se exigen para el arraigo social mediante una nueva figura jurídica y una orden ministerial. Este nuevo instrumento legal le confiere la libertad al Ministerio de Trabajo e inmigración de negar el arraigo social al inmigrante si así lo cree necesario.

Una peculiaridad de esta legislación vigente es la modificación e introducción de una nueva figura jurídica para el arraigo familiar que afecta la regulación de padres con hijos españoles menores de edad. La condición es que el progenitor debe tener a cargo al menor y que convivan juntos.

Las mujeres, otro sector vulnerable dentro de los inmigrantes, también están contempladas en la nueva Ley. La misma contempla la protección de las mujeres extranjeras maltratadas. En este sentido, a las víctimas de violencia de género que estén en situación irregular y denuncien al agresor, se les detendrá el expediente de expulsión hasta que la sentencia tenga solución. Esto sí es un  gran avance ya que aquella mujer inmigrante que sufra violencia de género podrá denunciar sin miedo a ser expulsada del país.

Otra de las modificaciones es el cambio de exigencia sobre el conocimiento de la lengua oficial por el de aprendizaje. De esta forma los inmigrantes que deseen regularizar su situación y residan en una comunidad donde se hable una lengua oficial además del castellano, el sistema valorará el esfuerzo por aprender esa lengua a la hora de comprobar su integración para su posterior regularización.

La oposición, por su parte, considera que este nuevo reglamento es tardío y que no ha considerado elementos importantes como la gestión de los centros de internamiento. También aprecia el fomento de las regulaciones masivas. Por otro lado, más de 80 ONG han protestado contra la aprobación de esta nueva Ley, pues consideran que deshumaniza el sistema y convierte al inmigrante en una figura laboral.

Aunque las políticas antiinmigración están provocando en el contexto actual de crisis en España un retorno considerable de los inmigrantes hacia sus países de origen, este hecho puede ser solamente coyuntural. Las perspectivas futuras apuntan a un mantenimiento o incluso aceleración de la inmigración permanente, ya que difícilmente se pueden frenar los flujos migratorios mientras el 25% de la población del planeta disponga del 80% de la riqueza mundial.

Autor: Moises Bolekia