Dentro de los siete grupos de inmigrantes mostrados también existen diferencias en cuanto al acceso a los distintos niveles educacionales. En la Tabla 10 se observa que los niños y jóvenes de origen polaco son los de mayor acceso a los tres niveles mencionados, seguidos de los de origen búlgaro y rumano, o sea, los procedentes de Europa del Este. En tanto, los porcentajes de los inmigrantes de origen marroquí que estudian en los 3 niveles educacionales son los más bajos, y sobresale el 11 % de los que acceden a las universidades, muy inferiores al resto de los grupos de inmigrantes.
Los porcentajes de los inmigrantes procedentes de los países de América del Sur son intermedios entre los del Este de Europa y Marruecos, con la excepción del 99 % mostrado por los niños de origen ecuatoriano en el primer nivel de enseñanza. De los inmigrantes procedentes de China solamente se disponen datos de la enseñanza primaria, con un 93 % similar al de los de origen rumano.
Las divergencias entre los sistemas educativos de los países de origen y receptor exigen un especial esfuerzo a todos los niños y jóvenes inmigrantes. Es por ello que la adaptación a la escuela de los extranjeros no siempre resulta fácil y pueden influir en esto distintos factores. Uno de ellos es el desconocimiento del idioma, que afecta fundamentalmente a los alumnos de origen marroquí, chino y del Este de Europa. Una alternativa para intentar aminorar esta problemática es el establecimiento por parte de la política educativa española de las denominadas aulas de enlace. La situación educacional del inmigrante se agrava cuanto más tarde se realice el cambio en el sistema escolar, ya que al insertarlo en un curso, sólo se tiene en cuenta su edad y no las capacidades reales que ha desarrollado hasta ese momento.
Otro inconveniente a tener en consideración es la etapa de la incorporación del estudiante extranjero a la nueva escuela. En este caso si el alumno se incorpora en la pre-adolescencia o adolescencia, le puede resultar más difícil la reinserción al sentirse en muchas ocasiones incapaz de comunicarse con sus compañeros de aula o de integrarse en un grupo que lo distingue otra forma de concebir esta etapa de la vida.
En la mayoría de los países, sobre todo en América Latina y Marruecos el paso entre la infancia y la edad adulta es rápido. La propia situación económica a la que se enfrentan estas familias determina que un joven inmigrante de catorce años de clase media necesite trabajar, no que utilice cuatro o cinco años más antes de incorporarse a la vida adulta. La obligación española de estar escolarizado hasta los 16 años le produce cierto malestar, ya que se debate entre seguir las pautas familiares que le animan a obtener un empleo lo antes posible, o acomodarse a las reglas españolas, lo que en muchos casos no es comprendido en el seno familiar.
En la Gráfica 24 se muestran los porcentajes de jóvenes escolarizados españoles y extranjeros comprendidos en las edades de 16 y 24 años en 2001. Es de destacar que en todas las edades es mayor el porcentaje de jóvenes nacionales escolarizados al compararlo con el de los inmigrantes. Estas diferencias se hacen más notables en las edades comprendidas entre los 18 y los 23 años. Sobresale además en el gráfico los valores inferiores al 20 % de jóvenes extranjeros insertados en el sistema educacional español, con edades entre 22 y 24 años.
Esta situación educacional de la población inmigrante ha tenido sus agravantes en los últimos años, como consecuencia indirecta de la brutal crisis económica que enfrentan muchos países, particularmente España, que en ocasiones intenta ahogar a muchas familias de inmigrantes. Es por ello que en el contexto actual los contrastes entre los niños y jóvenes nacionales e inmigrantes que acceden a los diferentes niveles de enseñanza, ha tenido su momento cumbre.
En este propio año han sido una constante las reformas del gobierno español relacionadas con la educación, destacándose los recortes a los presupuestos de este sector tan sensible. En este sentido las protestas de miles de personas, entre ellos profesores, alumnos y padres en Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra y Cataluña no se han hecho esperar (ABC.es, 7 de septiembre de 2011). Estos recortes presupuestarios educacionales emprendidos por varias comunidades autónomas están dirigidos por el derechista Partido Popular. Esta medida privilegia la educación privada en detrimento de la pública. Precisamente el presente curso escolar comienza con un recorte de 1800 millones de euros, además de una reducción de plantilla estimada en 4000 profesores en los institutos de Madrid. Esta es una situación que afecta tanto a los extranjeros como a los nacionales.
Como se ha podido comprobar la situación actual referente al tema inmigración y la situación de los mismos dentro del país posee varias aristas de análisis todas complejas en si mimas. Además del costo de las problemáticas sociales de la inmigración, como la reducción de los salarios sobre los trabajadores, pero también se analizaron los problemas relacionados con el acceso de los inmigrantes a los sistemas de bienestar (educación, sanidad, prestación por desempleo, etc.). En tal sentido, el costo se ha calculado para alrededor del 0,25% del PIB.
Sin embargo, cálculos recientes indican que los inmigrantes aportan más que lo que reciben. El costo sería negativo, alrededor del 1,02% del PIB. No obstante, este dato podría estar sesgado por el hecho de que las primeras generaciones de inmigrantes llegan normalmente solas, no con la familia. En este sentido, muchos de estos costos al principio son reducidos, porque no hay niños que mandar al colegio, las personas al principio son jóvenes, aunque cuando traen a los padres se ponen enfermos y tienen que acceder a la sanidad. Básicamente, los resultados de estos estudios sugieren que la inmigración, para el país de destino, no es perjudicial.
La crisis también se ha reflejado en la disminución de los gastos en protección social en España, el cual es de un 20%, medido como porcentaje del PIB, es el segundo más bajo de la Unión Europea (cuyo gasto promedio es el 27,3% del PIB), después de Irlanda. En cuanto al gasto en salud este es del 7,5% del PIB frente al 8,4% del PIB para la Unión Europea.
Auto: Moises Bolekia