Al analizar las problemáticas sociales de los inmigrantes en España se debe tener en consideración su origen. Así, el 22,5% de los inmigrantes proceden de la Unión Europea, por lo que casi el 80% de los inmigrantes son extracomunitarios.
Es importante destacar que los tratados de la Unión Europea han permitido el desplazamiento y el trabajo de sus ciudadanos en cualquier país del grupo sin ninguna limitación. Es por ello que este grupo de inmigrantes presentan características especiales, entre las que se destacan:
La libertad de tránsito y la cercanía a su país de origen, lo que les permite considerar la estancia en España como una situación provisional o al menos fácilmente reversible.
Muchos de estos extranjeros mantienen propiedades e intereses económicos en sus países y de hecho hay pocos que cambian de nacionalidad. El grado de desarrollo y el estilo de vida de sus países no difieren mucho del que pueden obtener en España, por lo que la adaptación es relativamente fácil.
Las embajadas y otras fundaciones o iniciativas privadas se esfuerzan por mantener el vínculo cultural entre estos ciudadanos y su país de origen.
Por otro lado, como ya se mencionó, el mayor porcentaje de inmigrantes proceden de países con un grado de desarrollo menor al de España. Este grupo de inmigrantes es atraído por un nivel de vida más alto, que se materializa en mejores salarios, la perspectiva de ahorrar en España para ayudar a sus familias y volver cuanto antes a su país de origen. Es por ello que entre sus objetivos no figura la integración en el país.
Sin embargo, la presencia de 230.000 menores de dieciséis años pone de manifiesto el tránsito hacia la inmigración permanente y la inmersión en la sociedad española de una parte de los mismos, sobre todo de los que han inmigrado en la adolescencia o han nacido en España: las segundas generaciones. Este grupo sí requiere de integración a la sociedad, la que suele costar bastante tiempo en dependencia de un grupo de factores de índole administrativa y legal.
Situación laboral
La problemática asociada al mercado de trabajo (contratación temporal, trabajos irregulares y desempleo), como ya se ha hecho referencia en capítulos anteriores, afecta más a la población extranjera que a la española porque la Ley de extranjería vincula el permiso de residencia al trabajo. En tal sentido, la Ley establece que durante los cinco primeros años de estancia en España el extranjero que obtenga trabajo adquirirá un permiso de residencia temporal, que se hará definitiva en el quinto año. Esto significa que, si durante los primeros cinco años el inmigrante pierde el empleo se convierte en «ilegal». Hay que destacar que más de la mitad de los extranjeros que llevan menos de cinco años en España carecen de permiso de trabajo, aunque lo hayan tenido en alguna oportunidad, de ahí que a veces tengan que aceptar peores condiciones de trabajo, entre las que se incluyen la contratación temporal y los empleos irregulares.
En cuanto a la contratación temporal las estadísticas revelan que un tercio de los asalariados en España tienen contrato temporal, pero en proporción afecta más a los extranjeros que a los nacionales.
Por otro lado, el 20% de los puestos laborales en España son irregulares, lo cual implica la ausencia de un contrato de trabajo y por otro lado la exclusión de los trabajadores en la Seguridad Social, por parte de los empresarios. Esto trae consigo otras agravantes, ya que estos trabajadores no tienen derecho a prestaciones sociales, entre ellas a la de desempleo. En el caso de los inmigrantes, se incluye además la pérdida del derecho al permiso de residencia. Por tanto es una situación indeseable para los extranjeros, por lo que la falta de documentación legal obliga a muchos de ellos a sobrevivir en este tipo de economía. Se calcula que el 55% de los inmigrantes que llevan menos de cinco años viviendo en España y el 28% de los que llevan entre cinco y diez sufren esta problemática social.
Las oportunidades laborales de los inmigrantes residentes en el país ibérico han sido analizadas durante el período anterior y durante la crisis. El desempleo es otro de los graves problemas relacionados con la temática laboral que afectan a los inmigrantes en España como consecuencia directa de la crisis económica actual por la que atraviesa la nación. Como se ha reflejado en otros capítulos, el paro en el país ibérico se ha mantenido en los últimos años con índices superiores a la media europea.
Es necesario mencionar que la mayor parte de los inmigrantes superan las cifras promedios nacionales, ante todo los de origen africano (que han llegado a sobrepasar el 46% de desempleo) y los procedentes de América del Sur (grupo en el que se ha alcanzado el 29%).
Es de destacar que el sector de los inmigrantes es, junto con el de los jóvenes, el más afectado por el desempleo en España. Así, la tasa de desocupación entre los extranjeros ha alcanzado valores de hasta un 28% Estadísticas muy recientes indicaron que España continúa siendo la nación de la zona euro con la tasa de paro más elevada, que ha alcanzado el 21,2% en julio de este año, dos décimas por encima de junio y muy superior a la media de la zona euro (10%)
Otro de los indicadores que más preocupa a los estudiosos y a las organizaciones del estado relacionado con la crisis económica y la población inmigrante es lo referente a los elementos que identifican niveles de pobreza. En tal sentido el número de pobres en España se ha incrementado notablemente como consecuencia de la crisis. En tal sentido, alrededor de ocho millones de españoles viven en situación de pobreza, lo que representa casi un 20% de la población total. La pobreza alcanza al 17% de los hombres y al 21% de las mujeres nacidas en España. Entre los pobres, un millón y medio están en la pobreza severa. Esta situación es mucho más preocupante en las regiones del sur, en particular en Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla, comunidades en las que viven 3 millones de personas con ingresos inferiores a la media.
Autor: Moises Bolekia