Desde 199, México cuenta con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, norma que da vida a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef. Así, esta comisión fue concebida como la entidad encargada de asesorar, promover, proteger y defender los intereses de los usuarios de servicios financieros, así como servir de árbitro en los conflictos que son sometidos su competencia y promulgar la equidad en las relaciones entre los mismos usuarios y las instituciones financieras. Es profusa la normatividad en el país mexicano para la protección del consumidor financiero: además de la ley matriz o Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, cuentan con la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financiero. Estas leyes fueron recientemente modificadas para reconocer las necesidades reales del consumidor financiero, como son: una adecuada protección de sus derechos, mayor educación financiera y mayor facilidad al acceso de información sobre productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras. En esta modificación se otorgan nuevas atribuciones a la Condusef para que sea no solo una entidad de supervisión sino facilitadora de la educación financiera y responsable de la transparencia del sector.
México ha sido el primer país latinoamericano en contar con una procuraduría para la defensa de los consumidores, prevenir el abuso y garantizar justas relaciones de consumo, es así como en 1.976 se creó la Procuraduría para la defensa del consumidor PROFECO. Dentro de sus líneas de acción se encuentra): prevenir y corregir prácticas abusivas en las relaciones de consumo, fortalecer el poder de los consumidores brindándoles información y asesoría, desarrollar proveedores conscientes e informados para que ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones con los consumidores, incidir en la política regulatoria y mantener actualizado el marco jurídico que tenga impacto en las relaciones de consumo, propiciar y vigilar el cumplimiento de la normatividad por los proveedores, procurar la solución de las diferencias entre consumidores y proveedores, contribuir a la reducción de los riesgos de corrupción y fomentar la transparencia y eficiencia de las políticas de transparencia así como buscar la eficiencia del desempeño institucional.
Autor: Gloria Smith