En el sector salud en Colombia por lo pronto se puede afirmar que es una estrategia que tiene una alta penetración (Ámbito Médico, 2004).
Por German Enrique Reyes F. Fiscal de Asmedas Antioquia
(Ponencia presentada en el FORO realizado por la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ESE) de Antioquia “AESA” el 11 de marzo de 2005 en el Club El Rodeo)
Los convocantes del Foro, con razón, pretenden resolver cuatro justos interrogantes a saber: ¿Qué servicios puede contratar una ESE Hospital con terceros de acuerdo con la Constitución y la Ley? ¿Qué tipo de empresas -cooperativas, precooperativas y Empresas Asociadas de trabajo- están facultadas por la ley para proveer el recurso humano para la prestación de servicios de salud en las ESE? ¿Qué ventajas, desventajas y riesgos tiene la contratación con terceros para las ESES? ¿Cómo pueden implementar un sistema integral por calidad en una ESE Hospital que presta servicios por medio de terceros?
Quisiéramos, en primer término, inferir que dichas preocupaciones se presentan ante las obvias dificultades que hoy enfrentan las ESE y sobre las cuales existe una clara política oficial de liquidación como entes Públicos, para dar paso a un sistema privado de prestación de atenciones en salud.
Hace varios años afirmábamos que uno de los objetivos de la Ley 100 de 1993 era acabar con la Seguridad Social Pública y con la Red Pública Hospitalaria, afirmación ésta que hoy, a 11 años de implementación de la ley, no es una necedad.
En lo que respecta a la Seguridad Social Pública, que en nuestro caso concreto estaba representada en Cajanal y el Instituto de Seguro social (ISS) principalmente, manejando tanto los riesgos en salud, del trabajo y las pensiones, es manifiesta su perdida creciente, acelerada y provocada, de sus afiliados, pérdida ésta que ha conducido a que el aseguramiento en los riesgos mencionados hoy se concentre en forma más que significativa en el sector privado financiero nacional e, incluso, internacional.
Sobre el tema del aseguramiento, base de la reforma en curso, en manos del sector financiero nacional e internacional, hemos también lanzado un SOS, dadas las nuevas condiciones internacionales de la Globalización y la pronta y casi firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos, y nuestra preocupación de que esa gran masa de capital quede a expensas de negociaciones asimétricas con el capital transnacional, lo que afectaría seriamente la soberanía y el propio sistema de prestación de servicios de salud y la garantía de pensiones para los colombianos.
Lo anterior también confirma una tesis por nosotros expuesta en el sentido de que la base sobre la que se montó nuestro modelo de seguridad social hacía y hace parte de compromisos con la banca multilateral, principalmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en la nueva perspectiva de la globalización y en un proceso de recolonización por parte de los Estados Unidos, principalmente, y en puja con la Comunidad Económica Europea.
En documentos del propio FMI y del Banco Mundial, incluso antes de aprobarse la reforma, ya existían serios indicios de la necesidad norteamericana de conquistar para sí los mercados de servicios incluidos los de salud y pensiones, y tener control, incluso, de la producción de insumos nacionales, abordando temas como la flora y la fauna, multifasética en toda la zona de América y principalmente abajo del Río Grande, interés expreso de las multinacionales de medicamentos.
Pero, para concretar todo este propósito, era indispensable e imprescindible abordar el tema de las propiedades en manos del Estado y obviamente el manejo del Recurso Humano en tanto su formación como sus costos.
Las reformas indispensables dentro de estos propósitos recolonizadores no se hicieron esperar y es así como, además de la reforma Constitucional, ya antes se habían producido reformas normativas como la Ley 10 de 1990, la Ley 50 del mismo año y, posterior a la nueva Carta Política, la Ley 60 de 1993, todo en el marco de la privatización, la deslaboralización y la flexibilización del recurso humano.
Obviamente, en el marco de esta política se presentarían “obstáculos”, surgirían las protestas y las pujas por parte de los trabajadores, principalmente de la salud, y para ellos habría que abordar el tema en forma frontal o vedada en una estrategia de mediano y largo plazo. También vale resaltar que los organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los compromisos del gobierno con ellos en el marco de la defensa de los Derechos Humanos, han impedido que la reforma sea a fondo como desde el principio fue concebida.
Es así como los micrófonos se abren y la prensa es caja de resonancia hacia el descrédito de lo público y los beneficios y “prevendas” de los médicos y trabajadores de la salud, palabras éstas que, incluso, son asumidas en forma consciente o inconsciente por importantes sectores académicos o amigos del sector con intereses individuales y en la perspectiva de su propio negocio.
La “tercerización del recurso humano en salud”, siempre presente en las fórmulas del neoliberalismo, y la mano invisible del mercado y del negocio de la salud, se han introducido en el sistema de seguridad social y las ESE, incluso antes de la expedición de la propia Ley 100 de 1993. Vale la pena aquí recordar los famosos contratos civiles (Contratos administrativos de prestación de servicios) que en el sector hicieron estragos y fueron y son caldo de alimento a la politiquería y la corrupción, pero que los tribunales, por acciones jurídicas de los trabajadores y específicamente la Corte Constitucional, han declarado no ajustados a la carta y su práctica como una simple burla a los derechos laborales de los trabajadores.
Aparece, entonces, una nueva burla al derecho laboral y al propio derecho cooperativo, y es la utilización de las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado, amparadas en la constitución política como empresas de economía solidaria y mutualismo, para ser utilizada su forma jurídica en aplicación, por demás fraudulenta, y tercerizar recurso humano en salud en las ESE. Pero, nuevamente las Cortes y el Sistema Judicial empiezan a fallar favorablemente a nombre del trabajador y es aquí, entonces, en donde se ubica ahora este debate.
Es más que evidente que lo que hoy hacen nuestras ESE es violar la ley cooperativa, la Ley 79 de 1988, Decretos 1333 de 1990, 458 de 1990, 3081 de 1990, la Ley 10 de 1991, entre otras, y también la propia normatividad de las Empresas de Empleo Temporal normatizadas en la Ley 50 de 1990.
Es curioso, pero explicable, cómo, ante las críticas de la violación al derecho cooperativo por parte de cooperativismo Colombiano, la Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP), en documento del 17 de mayo de 2004, así lo hace conocer el gobierno nacional y en medio de las mesas de negociación del TLC, en donde también se presentó documento de las organizaciones sindicales Norteaméricanas- AFL-CIO, expida el Decreto Nacional 2879 del 7 de septiembre de 2004, previa Circular 0067 del Ministerio de la Protección Social y el Superintendente de Economía Solidaria, en donde se hace un claro llamado a la utilización ilegal de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) para tercerizar recurso humano y evadir parafiscales, decida pocos días después, una vez pasada la bulla del movimiento cooperativo y los sindicatos norteamericanos en las mesas de negociación del TLC, derogar el decreto y dejar sin piso la circular. Igual a lo que pasó con el Proyecto de Ley de Justicia y Paz o Justicia Paz y Reparación, presentado en la mesa de donantes de Cartagena en las negociaciones con el paramilitarismo y que, posteriormente, cambia al presentar otro documento al Congreso de la República.
Para el gobierno, dentro del marco general de acabar con la Red Pública Hospitalaria, día por día le surgen obstáculos, pero de tumbo en tumbo va concretando su objetivo y hoy asistimos a la más clara pretensión de acabar con las plantas de personal de las ESE, así para ello deba hacer grandes inversiones y aumentar la deuda pública con la Banca Mundial, con el manido estribillo de las grandes prebendas de los médicos, la falsa ineficiencia y la necesidad de mejorar la calidad de los servicios hacia los usuarios, desconociendo de fondo, en una actitud por demás antiética, que las causas de la iliquidez de los hospitales están referidas fundamentalmente a fallas estructurales del modelo, a deudas de los intermediarios de los recursos de salud EPS, ARS y del propio gobierno quien hoy niega los compromisos de deuda pensional adquiridos desde las leyes 10 de 1990 y 60 de 1993, como obligatoria de la Nación dentro del proceso de descentralización, y éste sí por mandato constitucional: se descentralizan funciones administrativas a los entes locales, pero también se asumen las deudas y se giran los recursos.
En el caso de Antioquia, dos datos confirman lo anterior: la cartera de las ESE a marzo de 2004, hace un año, por servicios ya prestados a EPS, ARS, DLS, DSSA, entre otras, ascendía a la suma de 168 mil millones de pesos y, según últimos datos, las deudas del gobierno nacional para el pago del pasivo prestacional es del orden de los 300 mil millones de pesos. Nosotros nos preguntamos y les preguntamos a todos ustedes, Gerentes de Hospitales: ¿Serán culpables de la debacle los sueldos de los médicos, los cuales cuando máximo, siendo de planta, ascienden a $2.500.00 y por cooperativas sólo hasta el 50% de ésta cifra, es decir, a $1’250.000? Me contestarán algunos, los menos que sí, pero los más, al menos en privado, que no.
Más preocupante, aún, es el hecho que ante la crisis del sector salud y más concretamente de nuestros Hospitales ESE y la Seguridad Social Pública ISS, Cajanal, el gobierno en Proyecto de Ley 052, aprobado en primer debate en comisiones séptima de Senado y Cámara, pretenda dar estocada final a estas instituciones, en una clara muestra de entrega al sector financiero privado nacional e internacional de los recurso para las atenciones en salud e, incluso, la propia infraestructura hospitalaria construida con recursos de toda la población y por la propia lucha de éstos en la movilización de exigencias civiles hacia el Estado Colombiano como reivindicaciones propias a sus necesidades.
Hay preguntas de las aquí formuladas que no se abordaron o sólo se mencionan tangencialmente, pero lo evidente es que la tercerización planteada mediante CTA o EST es una clara estrategia de desestabilización y desinstitucionalización de las ESE en el proyecto a corto y mediano plazo de privatización de la Red Pública Hospitalaria inmersa en las propias contradicciones del modelo mercantilista impuesto en la Ley 100 de 1993, modelo éste aupado como ya se dijo por la Banca Multilateral.
Hacemos un llamado a ustedes Gerentes de las ESE de Antioquia, para que acompañen un gran movimiento social en defensa de la Red Pública Hospitalaria, alejados de intereses locales e individuales, en la perspectiva de la defensa del derecho a la salud y la seguridad social de todos los pobladores y también, por qué no, a los intereses de los trabajadores de la salud, hoy vilipendiados, estigmatizados y con un ataque frontal a su dignidad humana por parte del Gobierno Nacional, quien se entrega sin tapujos a los designios del gran capital nacional y transnacional.
Nota: Algunas opiniones aquí expresadas se encuentran sustentadas y documentadas en trabajo realizado por la Abogada Rocío Bedoya y otras, para una investigación adelantada por la Escuela Nacional Sindical ENS y que próximamente estará en circulación.