El desplazamiento forzado en Colombia ha sido un fenómeno que ha afectado a todo tipo de personas, no ha respetado condición social, étnica, política o económica, ha causado sufrimiento a miles de familias, las cuales, se han visto obligadas a abandonar sus casas, sus pertenencias, sus recuerdos, sus ilusiones y sueños para proteger su vida debido a la sinrazón del conflicto armado interno que aún vivimos, y que no parece respetar ningún tipo de norma de protección a la población civil.
Sin duda alguna, el desplazamiento forzado ha causado pobreza a lo largo y ancho del país, ha elevado las tasas de desempleo y ha causado crisis económica y social en las poblaciones que lo han sufrido. Así las cosas, debido a este estado crítico creado, surge una nueva clase social, un grupo de personas con vulnerabilidades distintas, con necesidades y derechos propios que requieren de una mirada y un tratamiento diferenciado por parte del Estado, para lo cual se hace necesario saber qué criterios se aplican para pertenecer a este grupo, qué características tienen, qué derechos se adquieren y las responsabilidades que el Estado tiene con la población que ha sufrido el desplazamiento forzado.
Todo este fenómeno plantea otro interrogante, la respuesta puede ser un poco arriesgada y quizá innovadora, además de impopular, pero se hace necesario determinar de acuerdo a lo leído, escuchado y vivido, si esta situación de desplazamiento forzado ha cesado en el territorio nacional o al menos en muchos lugares, es decir, si sus causas han cesado y los derechos de la población que lo sufrió han sido restablecidos y garantizados, si cuentan con las condiciones necesarias para continuar con su proyecto de vida y además, si cuentan con la seguridad de que no se va a repetir esta situación tan traumática.
Si podemos, de acuerdo a los elementos normativos y los hechos vividos, responder dicho interrogante de manera positiva, estaremos dando un pequeño paso para que la población que algún día sufrió este flagelo, deje de pertenecer a esa nueva clase social y vuelva a ser campesino, indígena, afrodescendiente, y en sentido amplio: ciudadano colombiano, sin el estigma de “desplazado”.
Nadie eligió ser desplazado, pero si puede elegir entre seguir victimizándose o superar el hecho, para lo cual, aparte del acompañamiento, asistencia, atención y reparación integral por parte del Estado, debe cambiar su mentalidad. La experiencia y la cercanía a esta población vulnerable, nos han enseñado que su nobleza no tiene límites, pero también, que se han acostumbrado a recibir y recibir y no parecen querer salir de esa dinámica asistencialista, que no solo les genera más necesidades, más pobreza, sino que desperdicia toda esa fuerza, pujanza e inteligencia que tenían y ahora parece evaporarse.
Se puede concluir que se parte actualmente de un error en el lenguaje, ya que en la mayoría del territorio colombiano no hay desplazados, hay personas que fueron desplazadas en la época de la violencia, pero cuando ese factor violencia se ha reducido a su mínima expresión, estas personas han regresado a sus hogares o se han establecido en hogares nuevos, han contado con ayudas en salud, educación, vivienda, proyectos productivos para mejorar su calidad de vida, y si antes del desplazamiento eran campesinos que labraban la tierra, que cultivaban, que tenían ganado, actualmente eso pueden hacerlo y en mejores condiciones, obviamente de este pensamiento se deben excluir los habitantes de aquellos territorios donde los grupos armados ilegales siguen haciendo presencia, a ellos les podemos dedicar un espacio diferente, ya que también podemos concluir que estas ayudas no han sido aprovechadas de la mejor manera por los mismos desplazados, quienes se siguen re-victimizando para que no cesen las ayudas, no parece haber ayuda suficiente.
Si hablamos de un enfoque de derechos humanos, claramente en la atención a la población desplazada se está cumpliendo, toda vez que se han creado los mecanismos para garantizar condiciones materiales mínimas en educación, salud, vivienda y seguridad, para que a su vez se puedan ejercer los derechos civiles y políticos de la población que alguna vez sufrió el desplazamiento. Y lo que se ha logrado es un proceso que ha fortalecido la dignidad humana de esta población vulnerable y además se ha creado una interdependencia entre estos derechos, que han logrado la protección de la persona humana.
Falta que la institucionalidad elabore y aplique un plan de evaluación y determinación de la cesación de condición de desplazado, para que oficialmente sea declarado como lo exige la ley. Este es un trabajo que debe elaborar el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través de sus unidades especiales, si no lo hace será muy difícil que se pueda dar este cese de la condición de desplazamiento y los desplazados seguirán con su cultura asistencialista. Lo ideal, sería que se evaluara el cumplimiento de los derechos para la población desplazada, toda la oferta institucional que tienen, declarar el cese de su calidad de desplazado oficialmente porque en la práctica ya se da, pero no abandonarlos completamente, seguir con los programas y proyectos pero tratándolos y haciéndolos sentir como ciudadanos como todos los demás, que debemos trabajar y luchar para mejorar nuestra calidad de vida, y superar de una vez el difícil momento que en algún momento les tocó vivir, y que nadie desconoce, pero que no puede ser eternamente la razón de su pobreza.
No queremos que se observe siempre a los que fueron desplazados como mendigos y dependientes de la ayuda estatal, queremos que aprovechen todo este abanico de posibilidades que tienen y conformen su vida de manera digna, pero deben poner de su parte, su deber es también ayudar a superar su propia condición, que reitero, afortunadamente ya no es de vulnerabilidad extrema, es una vulnerabilidad como la que muchos otros colombianos viven, pero que no se deriva del desplazamiento forzado, sino más bien de las condiciones económicas que día a día se busca superar en nuestro país.
Autor: SEBASTIÁN GIRALDO OCAMPO
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